La Procuraduría General de la Nación solicitó a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, y al secretario de Gobierno Municipal, entregar un informe detallado sobre los avances y gestiones realizadas en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1557 de 2024, suscrito con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para fortalecer la infraestructura y operación del Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Ibagué (COIBA).

Según lo evidenciado durante una visita realizada a comienzos de 2025, el director del COIBA informó que, hasta la fecha, la administración municipal habría cumplido solo con el 30% de los compromisos adquiridos en el convenio, pese a la recepción de 600 personas privadas de la libertad (PPL) desde su firma. Ante este panorama, se concedió una prórroga de cuatro meses para la ejecución total del convenio.

Uno de los pocos avances destacados fue la publicación en la plataforma SECOP de la oferta para la adquisición de dos busetones, con una inversión cercana a los $1.000 millones, destinada al transporte de las PPL.

No obstante, el Ministerio Público advirtió con preocupación que el hacinamiento en la Permanente Central, que había disminuido a inicios del año, volvió a superar el 200% como resultado de los retrasos en el cumplimiento de los compromisos pactados. Esta situación fue verificada por la Provincial de Instrucción de Ibagué y  Procuraduría Judiciales Penales en sus visitas periódicas al centro de detención transitoria.

Cabe recordar que en años anteriores la ciudad registró niveles de hacinamiento cercanos al 700%, situación que motivó la firma del convenio interinstitucional con el fin de evitar un nuevo colapso en el sistema carcelario local.

La Procuraduría señaló que, mediante esta actuación preventiva, busca anticiparse a posibles vulneraciones de derechos humanos y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema penitenciario en la región.

El convenio tiene como objetivo central aunar esfuerzos administrativos, jurídicos, tecnológicos y logísticos para mejorar tanto la infraestructura como la gestión carcelaria de Ibagué, en beneficio de los internos y del personal penitenciario.