La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma inmediata de bienes y haberes, y la intervención forzosa para liquidar a la Entidad Promotora de Salud Saludvida S.A, mediante la Resolución 008896 del 1 de octubre de 2019.

El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, señaló que luego del seguimiento realizado al plan de mejoramiento, plazos otorgados y otras actuaciones administrativas desplegadas por parte del ente de control para que la EPS subsanara las causales que originaron la medida preventiva de vigilancia especial, Saludvida no mejoró, y por el contrario ha incrementado su deterioro poniendo en riesgo la salud y la vida de la población afiliada, y los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Sobre la decisión, Aristizábal Ángel dio un parte de tranquilidad a los afiliados de esta EPS, quienes no deberán verse afectados. “Los más 1´100.000 afiliados serán trasladados por el Ministerio de Salud a otras EPS que no tienen medida de vigilancia especial. Ni los procedimientos, cirugías, tratamientos o medicamentos deberán ser suspendidos. Tanto Saludvida como las EPS receptoras deberán garantizarles la atención sin dilaciones”, enfatizó el Supersalud.

A partir del 31 de octubre la EPS Saludvida dejará de operar en 17 departamentos y en la ciudad de Bogotá, donde en la actualidad presta los servicios de aseguramiento en salud. Los usuarios por departamento de la EPS son: Norte de Santander (167.162), Santander (138.517), Cesar (106.128), Córdoba (90.933), Atlántico (89.244), Cauca (85.381), Tolima (76.939), Sucre (67.442), Magdalena (60.245), Bolívar (59.711), Caldas (55.216), La Guajira (52.633), Cundinamarca (33.327), Arauca (31.631), Boyacá (25.628), Quindío (13.320), Bogotá D.C. (5.833) y Nariño (2.627).

La EPS presenta una alta desatención en la prevención del riesgo en especial a las madres gestantes y al adulto mayor. Entre enero y junio de 2019 se reportaron 101 casos relacionados con muertes perinatales solo en el régimen subsidiado, y en el contributivo, solo en el mes de julio alcanzó 19 casos. En este indicador, Saludvida reporta 257,07 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, cuando el estándar nacional es de 51,0 muertes.

También se pudo identificar una alta incidencia de sífilis congénita, llegando a 2,29 casos de infectados por cada 1.000 nacidos vivos, cuando la meta de la ODM es la de reducir el indicador a 0.5 casos.

Así mismo, una baja cobertura en la prevención de cáncer de cérvix y mama que, a julio de este año alcanzó una cobertura de solo 41,55% en el subsidiado y del 49,92% en el contributivo, 16 puntos porcentuales por debajo de la meta que es de 57%, hecho que a la fecha ya registra 60 casos de afiliadas con cáncer de cuello uterino, de los cuales 31 se encuentran en estadio invasivo.

Para el caso de los usuarios mayores de 60 años, persisten las dificultades en los indicadores de captación y control de pacientes hipertensos y diabéticos, convirtiéndose estas en las principales causas de morbimortalidad de la población adulta afiliada.

El porcentaje de pacientes diabéticos controlados solo alcanza un 19,45% cuando el estándar mínimo es de 50%, misma situación se registra para el control de pacientes con pérdida de función renal donde solo llega al 19,89% y en el tamizaje bianual con mamografía de mujeres entre los 50 y 69 años, donde alcanza solo el 18,14% del estándar que es del 70%.

El no pago de cartera a los proveedores se ha visto reflejado en el cierre de servicios a los usuarios. Para el primer semestre del año se evidenció el cierre de 43 servicios en 11 de los departamentos donde opera, con predominio en Córdoba, Norte de Santander, Atlántico y Tolima, situación que genera barreras en el acceso oportuno a los servicios de consulta externa, cuidados intensivos, hospitalización, atención oncológica y servicios de laboratorio clínico de alta complejidad.

A junio de 2019, mientras los activos de la EPS estaban por el orden de los $349.170 millones, los pasivos superaban el billón de pesos, el patrimonio era de $-789.670 millones y las pérdidas acumuladas superaban los $867.000 millones.

Entre los hallazgos evidenciados se encontró un inadecuado manejo de los recursos del sistema con pagos superiores por concepto de facturación, el uso de los recursos por fuera de la destinación específica, concentración del giro directo en ciertos prestadores y la prolongación de la edad de la cartera afectando la sostenibilidad de su red prestadora.