El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, sancionó la Ley que les permitirá a las víctimas de ataques con sustancias o agentes químicos corrosivos a la piel, tener prioridad en la atención en salud y beneficios en la formación y en el acceso a fuentes de empleo tanto en el sector público como privado.

La norma de 13 artículos, reconoce a las víctimas de ataque con sustancias o agentes químicos corrosivos a la piel, como víctima de enfermedades catastróficas.

Además, caracteriza el tipo de sustancias o agentes químicos como aquellos que en contacto con la piel causan lesiones parciales o totales en las víctimas, sin importar que la lesión sea de carácter permanente o temporal.

Así mismo, en el articulado se crean medidas de protección en salud y especifica que los “servicios, tratamientos médicos y psicológicos, procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas, no tendrán costo alguno y serán a cargo del Estado”.

No obstante, la disposición hace énfasis en que las víctimas de este tipo de delitos deben primero agotar otras instancias como las pólizas de salud, medicina prepagada o el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin que ello implique ningún gasto ni erogación económica a su cargo o de sus familiares, además, el Ministerio de Salud debe garantizar el acceso a los insumos, procedimientos y tecnologías que el médico tratante o el especialista necesite para atender a este tipo de pacientes.

La Ley ordena a las EPS o a la entidad que ejerza sus funciones garantizar al afiliado, en menos de 24 horas, todo lo que solicite el médico para la atención del paciente, incluidos insumos, tratamientos alternos y los procedimientos.

Cabe resaltar que la norma contempla que el Gobierno Nacional se encargará de garantizar la capacitación al personal estatal que tenga contacto con las víctimas de ataques con sustancias o agentes químicos corrosivos a la piel, incluidos miembros de la Policía Nacional y del Instituto de Medicina Legal.

Por último, a través de la citada norma, el Gobierno Nacional reglamentará la adopción de medidas y mecanismos que les permita a las víctimas acceder a la formación para el trabajo, así como a la oferta pública y privada de empleos.