Hace cuatro años, en agosto de 2011, a escasos meses de que el Tribunal de Bogotá condenara a 30 años de prisión al coronel (r) Alfonso Plazas Vega por dos desaparecidos en el Palacio de Justicia, se presentó una controversia por la súbita aparición de un supuesto testigo, referido por un exmagistrado sobreviviente, quien tendría claves para aclarar el accidentado expediente del holocausto. Hoy, cuando se avecina el fallo de la Corte Suprema de Justicia y se sabe que la ponencia absuelve a Plazas, el mismo testigo vuelve a ser noticia.

Se trata de Jaime Buitrago Castro, un hombre de 63 años, chofer de oficio, que hace cuatro años fue identificado por error como Jaime Arenas por el exmagistrado Jorge Valencia Arango en un testimonio aportado a la Comisión de la Verdad. Entonces fue buscado por cielo y tierra, pero sólo vino a aparecer el 27 de enero de 2015. Ese día entregó bajo juramento su testimonio a la Fiscalía sobre las 27 horas en las que fue rehén del M–19, luego liberado y después torturado por sospecha.

Buitrago Castro relató que en noviembre de 1985 oficiaba como conductor del hijo del magistrado Jorge Valencia, quien tenía dos cupos de parqueadero en el sótano del Palacio. Por eso el día de la toma fue testigo de excepción de lo que ocurrió. Primero vio cómo entró una camioneta de color verde con un hombre de chivera y pelo largo que disparó indiscriminadamente. Él estaba cuadrando el vehículo, entonces lo sacaron, encañonaron y condujeron por las escaleras hasta el cuarto piso del máximo tribunal del país.

El testigo sostuvo que, una vez hecho rehén por la guerrilla del M–19, le ordenaron que gritara para que se detuviera el fuego cruzado tras la reacción del Ejército, y que después llegó a donde estaba el magistrado de la Corte Suprema Manuel Gaona Cruz con una acompañante. Luego de una larga jornada de incesante combate, él y los demás secuestrados fueron ubicados en el baño del segundo piso. Allí permaneció con una señora que se encontraba en estado de embarazo, a quien trató de auxiliar ante la grave situación.

Sin más detalles sobre lo que aconteció con los rehenes, Buitrago Castro añadió que finalmente salió del Palacio el 7 de noviembre de 1985 y de inmediato fue trasladado a la Casa del Florero, donde lo aislaron porque nadie lo reconoció como empleado de la Corte. Entonces los militares empezaron a mostrarle unos álbumes para reconocer a los asaltantes. Ahí identificó al guerrillero Andrés Almarales y a una mujer de quien dijo que era una de las que mayor diálogo y confianza tenían con el grupo guerrillero.

Luego agregó que esa mujer le había pedido a un soldado que llamara a uno de sus familiares a un número que el militar anotó en la culata del fusil. En ese instante el testigo aprovechó para pedir el mismo favor y le entregó al uniformado un anillo de oro y $400 como recompensa. Fue cuando, según su relato, apareció otro militar de bigote que recriminó al soldado por estar tan relajado con dos personas bajo sospecha. Buitrago sostuvo que luego se enteró de que ese hombre era el coronel Alfonso Plazas Vega.

Cuando el oficial se fue llegaron dos hombres que lo esposaron, le pusieron una capucha y lo subieron a una camioneta en la que lo transportaron durante 30 minutos. Lo llevaron a un sitio donde olía a estiércol de caballo y allí lo desnudaron y golpearon. Sin embargo, después de 10 minutos oyó una voz que gritó su nombre y luego el mismo sujeto que lo vejó le dijo que se vistiera, le quitó las esposas y lo regresaron a la Casa del Florero con una advertencia: “Váyase. Cuidado con ir a contar lo que pasó. Y (así) no tendrá problemas”.

Después de su narración, en la que atribuyó su libertad a la intermediación del magistrado Valencia, la Fiscalía se devolvió para precisar detalles sobre su testimonio. Sobre la mujer que le dio el número telefónico al soldado para que llamara a su casa, Buitrago apuntó que después se enteró por fotografías de los periódicos y videos que era Irma Franco, una de las guerrilleras del M–19 que siguen desaparecidas. También identificó a Andrés Almarales y a otro insurgente llamado Libardo Parra.

Posteriormente agregó que la mujer cuyo vientre golpeó accidentalmente cuando buscaban una mejor ubicación en el baño del Palacio para guarecerse de los tiros y cañonazos tenía muchos rasgos similares a los de Ana Rosa Castiblanco, otra de las personas desaparecidas en el holocausto. “La vi en el Palacio cuando la golpeé con la cabeza en el vientre y después en la Casa del Florero, en el primer piso, cuando hicieron la rueda de rehenes”, insistió el testigo. Castiblanco fue una de las primeras en salir, precisamente porque estaba embarazada.

Durante la declaración, la Fiscalía le fue mostrando varios videos que él pidió detener para precisar detalles. Por ejemplo, en la diligencia aseguró que en las filmaciones se ve cómo salieron del Palacio una mujer embarazada que sería Castiblanco, Carlos Rodríguez, el administrador de la cafetería, y él mismo. Cuando se identificó en el video, paró la diligencia para dejar constancia de que en casi 29 años no ha sido objeto de amenazas y que si a él o a alguien de su familia les pasa algo será por esta declaración.

En varias ocasiones Jaime Buitrago pidió suspender la diligencia y, llorando, se declaró muy afectado por los recuerdos de esos hechos. Agregó que desde entonces se dedicó a hacer deporte y a tener terapias intensivas con grupos de oración. El testigo aclaró que en varios libros y documentos aparece en la lista de los rehenes recuperados del Palacio, pero que cuando el magistrado Jorge Valencia declaró ante la Comisión de la Verdad confundió su apellido y por eso hasta ahora pudo aportarle a la Fiscalía sus memorias sobre el holocausto.

En síntesis, a las puertas de una decisión que pondrá punto final a la controversia en el expediente Plazas Vega, este testimonio ahora es valorado por una fiscal delegada ante la Corte. Hace cuatro años trascendió una versión de oídas. Hoy constituye una declaración bajo juramento de un hombre que se mostró atormentado por las cicatrices de su pasado, pero que relató, de una manera confusa, sucesos que aún están por aclararse. Su importancia radica en que, según su relato, Ana Rosa Castiblanco e Irma Franco salieron con vida del Palacio.

Al margen de estos nuevos detalles, que deberán ser evaluados por la justicia, hay un contexto: los intensos debates en los últimos meses en la Sala Penal de la Corte Suprema para definir de una buena vez el caso del coronel (r) Alfonso Plazas Vega. La ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar absuelve al oficial retirado, quien siempre se ha declarado inocente y perseguido. En la otra orilla los familiares de los desaparecidos insisten en que hay pruebas para confirmar su condena. En todo caso, casi tres décadas después, el episodio del Palacio sigue exponiendo las venas abiertas de la justicia.

La condena por el holocausto 

En diciembre de 2014, luego de más de 29 años de ocurrido el holocausto del Palacio de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición de 10 personas, la ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán y las torturas inflingidas a los ciudadanos Yolanda Santodomingo, Eduardo Matson, José Vicente Rubiano y Orlando Quijano.

Todos estos hechos ocurrieron durante la toma y retoma de la sede del Poder Judicial, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. En el fallo, de 212 páginas, el tribunal internacional sostuvo que “el Estado debe efectuar a la mayor brevedad una búsqueda rigurosa en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las 11 víctimas aún desaparecidas”. 

Asimismo, le ordenó al Estado la realización de “un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso”.