En un fallo histórico, un juez penal de conocimiento en Bogotá ha dictaminado un veredicto condenatorio contra los coroneles en retiro de la Policía Nacional, Jerson Jair Castellanos Soto y Wilmer Torres Orjuela, declarándolos responsables del delito de constreñimiento a la prostitución. La decisión llega tras la presentación de pruebas contundentes por parte de la Fiscalía General de la Nación, que demostraron la implicación de los acusados ​​en actividades delictivas.

El juicio, liderado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, arrojó luz sobre los abusos cometidos por el coronel en retiro Castellanos Soto, quien entre 2005 y 2006 habría utilizado su puesto en la Escuela de Cadetes General Santander para abusar de jóvenes cadetes. El modus operandi involucraba ganarse la confianza de los jóvenes con regalos y salidas a eventos culturales y deportivos, para luego coaccionarlos a participar en actividades sexuales.

En el transcurso del juicio, se identificó a al menos cinco alféreces que cedieron ante las presiones y amenazas del coronel Castellanos Soto. Este último, en ese momento jefe de seguridad del Congreso de la República, utilizó su posición para ejercer control sobre las víctimas, cuestionando su continuidad en la carrera policial como forma de coerción.

Además, el fallo también señaló la implicación del entonces alcalde Torres Orjuela, quien supervisaba a los alumnos en la escuela. Este oficial no solo intimidó a las víctimas, sino que también facilitó su salida de las instalaciones de la escuela para que pudieran reunirse con el coronel en retiro Castellanos Soto, aprovechando su posición de autoridad para perpetrar los actos delictivos.

El juez de conocimiento programó una audiencia para finales de septiembre en la que se anunciará la sentencia para ambos oficiales en retiro. Este caso resalta la importancia de la justicia en la erradicación de abusos de poder y violaciones de los derechos humanos, y marca un hito en la lucha contra la impunidad y la protección de las víctimas en Colombia.