La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 2 inmuebles rurales y 12 urbanos que harían parte del patrimonio de los supuestos responsables de actos de corrupción en La Guajira, decisión tomada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.

De acuerdo con las autoridades, los bienes están avaluados en 2.800 millones de pesos, actividad realizada por personal del Cuerpo Técnico de Investigación - CTI, en diferentes sectores de la región como Riohacha, Maicao y Manaure, en La Guajira; y Barranquilla y Soledad, en el Atlántico, trabajo articulado con el Gaula del Ejército Nacional.

Teniendo en cuenta las pesquisas llevadas a cabo, indican que los activos pertenecerían a un exalcalde de Manaure y al Gerente Financiero de una Institución Prestadora de Salud Indígena, quienes estarían vinculados con actos de corrupción cometidos con ocasión de la celebración del contrato interadministrativo 005 de 2015.

Imagen

Cabe recordar que, el contrato fue suscrito entre la Alcaldía de Manaure y la IPSI Indígena el 24 de junio de 2015, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015, por un valor de 8.000 millones de pesos.

Los investigadores establecieron que en el proceso de contratación se habrían violado los principios de transparencia, selección objetiva y planeación, donde el contratista habría sido seleccionado con anticipación y se desconoció que no contaba con capacidad para ejecutar las actividades encomendadas ni tenía autorización para prestar servicios de salud en zonas rurales.

Finalmente, los elementos materiales probatorios evidenció cobros excesivos de medicamentos, sobrecostos y otros actos irregulares que generaron un detrimento superior a los 2.800 millones de pesos. Los bienes afectados fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales - SAE, quien asumirá la administración.