El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento aceptó el preacuerdo entre la Fiscalía y el exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez Ramírez, quien aceptó los cargos en su contra y recibiría una condena de 57 meses y 21 días de prisión. Sin embargo, la delegada del Ministerio Público apeló la decisión, por lo que el caso será revisado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.

Durante la audiencia, el juez explicó que, aunque la normativa sobre los descuentos en la pena no es del todo clara, decidió conceder el beneficio debido a la complejidad del caso y a la negociación alcanzada con la Fiscalía. Además, señaló que no se demostró un incremento patrimonial ilícito, ya que la Fiscalía no imputó cargos en ese sentido.

El fallo condenatorio se dictó por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en tres eventos, y contratos sin cumplimiento de requisitos legales, en dos eventos. Estos cargos están relacionados con presuntas irregularidades en la contratación de las obras de las piscinas de la Unidad Deportiva de la Calle 42, el contrato con Orlando Arciniegas Lagos y el diseño del Estadio Manuel Murillo Toro.

La delegada del Ministerio Público argumentó en su apelación que la rebaja de pena no era procedente en la etapa judicial en la que se firmó el preacuerdo. También cuestionó las dilaciones y aplazamientos de audiencias, las cuales, según la defensa, se debieron a una negociación con la Fiscalía.

El juez recordó que, durante el juicio oral, se escucharon 13 testimonios y que en junio de 2023 prescribió el delito de prevaricato por omisión. Asimismo, advirtió que las otras dos conductas por las cuales es investigado prescribirán en noviembre de 2027.

Este caso representa la primera condena contra Rodríguez Ramírez, quien enfrenta cinco procesos penales relacionados con el desfalco de los XX Juegos Nacionales. Actualmente, se encuentra en detención domiciliaria en su vivienda en Chicoral, El Espinal, tras ser liberado en marzo de 2024 por vencimiento de términos en otro proceso. Ahora, la última palabra sobre la validez del preacuerdo estará en manos del Tribunal Superior de Ibagué.