Un nuevo giro judicial se registró en el proceso que se adelanta contra el padre Freddy Martínez, un caso que ha sido conocido públicamente en el Tolima durante varios años. Según explicó su abogado defensor, Mario Iguarán, un juez declaró prescritos varios de los hechos investigados y también anuló actuaciones relacionadas con otro periodo de los señalamientos.

Freddy Martínez Cruz fue vinculado desde marzo de 2021 a un proceso adelantado por la Fiscalía Seccional Tolima, relacionado con presuntas conductas de carácter sexual que habrían involucrado a varias personas. Desde entonces, el caso ha tenido diferentes actuaciones judiciales y ha sido objeto de seguimiento público en el departamento.

La decisión fue explicada por Iguarán durante una entrevista con Ecos del Combeima, en la que señaló que el juzgado analizó el proceso que se tramita bajo los parámetros de la Ley 600 del 2000. De acuerdo con el jurista, la prescripción cobija los hechos que habrían ocurrido entre 2001 y el 26 de septiembre de 2005.

El abogado indicó que, al declararse la prescripción, se extingue la acción penal frente a esos hechos, por lo que no sería posible continuar la persecución judicial por ese mismo periodo. Según su explicación, el juzgado consideró que el plazo legal para adelantar esas actuaciones ya había vencido.

Sin embargo, la determinación también abordó los señalamientos relacionados con hechos que presuntamente habrían ocurrido entre septiembre de 2005 y 2006. Frente a ese periodo, el juez habría encontrado deficiencias en la manera como la Fiscalía presentó la acusación, particularmente porque no habría precisado las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

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Iguarán explicó que el despacho declaró de oficio la nulidad de actuaciones relacionadas con ese tramo del proceso, al considerar que la falta de claridad impedía establecer concretamente cuáles eran los hechos que debían ser juzgados. La precisión, sostuvo, resulta necesaria tanto para que el juez pueda tomar decisiones como para garantizar que la defensa conozca los cargos y pueda controvertirlos.

El abogado también señaló que el Ministerio Público coincidió con la defensa en los argumentos relacionados con la prescripción y los problemas de precisión de la acusación. No obstante, aclaró que la decisión no significa que todos los señalamientos hayan desaparecido ni que el proceso haya terminado en su totalidad.

De acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, quedaría un señalamiento relacionado con hechos posteriores a septiembre de 2005, frente al cual la Fiscalía tendría que rehacer las actuaciones correspondientes y precisar los elementos que sustentan la investigación. La defensa considera que existen debilidades y contradicciones en los elementos conocidos hasta ahora, una postura que deberá ser valorada dentro del trámite judicial.

Iguarán también hizo énfasis en que esta determinación corresponde al proceso adelantado bajo la Ley 600 del 2000 y no debe confundirse con otro expediente que se tramita bajo la Ley 906 del 2004. Sobre este último, el abogado manifestó reparos frente a los elementos probatorios, aunque reconoció que será un juez de la República quien determine lo correspondiente.

Durante la conversación, el jurista insistió en que la decisión judicial reivindica, desde su perspectiva, garantías como el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. También precisó que la determinación no equivale a una sentencia absolutoria sobre la totalidad de los señalamientos.

Por ahora, el proceso continúa en lo relacionado con los hechos que no fueron cobijados por la prescripción y que deberán ser examinados bajo las condiciones señaladas por el juzgado. La decisión representa un cambio importante en el curso del expediente, pero no supone el cierre definitivo de todos los asuntos judiciales relacionados con el caso.

La responsabilidad penal del padre Freddy Martínez deberá establecerse conforme a las decisiones judiciales que se adopten en los procesos que continúan vigentes.