Son muchas las horas requeridas para elaborar un plan de desarrollo departamental o municipal como numerosas las correrías para armonizar sus propósitos con las realidades locales y regionales, y particularmente mucho el trabajo para articular cada uno de estos planes con los lineamientos del orden nacional.

Tan complejo es cada plan regional como complejo su desafío y las propias necesidades territoriales, y ello obliga aprovechar cada peso del presupuesto que también impone mantener una búsqueda incansable de nuevas fuentes de financiamiento.

Hoy son ya muchas las variables que enrarece el entorno regional y genera gran incertidumbre en los entes territoriales y sus presupuestos para el año 2025 y subsiguientes, entre otras, la aprobación por decreto del Presupuesto General de la Nación por $511 billones, como un hecho histórico pero retador para un país que se ufana de mantener un permanente equilibrio institucional, sumado a una deficiente ejecución presupuestal que periodo tras periodo viene siendo menor, como mayor la ineficiencia gubernamental.

Una Ley de Financiamiento por $12 billones que ni siquiera se discutió en el Congreso de la República, dejando entrever el mal momento que vive esa obligada relación interinstitucional entre los poderes de la nación, enviando a su vez un mal mensaje a la comunidad financiera dueña de nuestra deuda internacional. Pues según muchos y a pesar de lo inoportuna que parecía esa ley, pretendía entre otras cosas la disminución de la carga impositiva empresarial, como también, algunas estrategias y alivios fiscales para la recuperación de casi $15 billones en la morosidad del recaudo tributario.      

Un déficit fiscal cercano a los $100 billones, casi todos en deuda, que ha puesto en alerta al mundo de las finanzas, una corrupción imparable que sumada a los gastos exagerados del gobierno nacional y su baja ejecución presupuestal, pone en riesgo las metas del gobierno nacional y todos los entes territoriales para los próximos años.

Y para completar esa mezcla embriagante y desarticuladora, se aprueba una mágica reforma al Sistema General de Participación aumentando los recursos que se entregarían directamente a las regiones para educación, salud y saneamiento básico, aumentando al 39,5% las transferencias de la nación para los municipios, distritos y departamentos a partir del 2027, pero que a su vez las disminuye al no disponer del dinero para hacerlo por falta de financiamiento (sin ley) y por su baja ejecución presupuestal; sumándose también a este coctel, la incertidumbre que reinará el Sistema General de Regalías.

Muy difícil interpretar y asimilar los impactos y desajustes que estos acontecimientos económicos de forma y fondo, traerán para los recién aprobados planes regionales de desarrollo, cuya coherencia y sincronización con los lineamientos del gobierno nacional, está reprobada y condenada al desasosiego.

Como ejemplo, son casi $200 mil millones los recursos que dejarían de llegar al departamento del Tolima para el 2025 según el DPN una vez las comisiones económicas de Senado y Cámara archivaron la Ley de Financiamiento por $12 Billones con la que el gobierno central pretendía completar el monto de los $523 billones inicialmente presupuestados para el 2025.

Es mucho lo que se puede hacer con esta platica y mucho también lo que toca dejar de hacer si no se tiene como efectivamente sucederá. Que situación tan particularmente desagradable tener que tomar las tijeras y empezar a recortar programas y obras ya concertadas y programadas, como difícil también, iniciar ese desafiante camino de la eficiencia y la autonomía fiscal al que estamos ya obligados.  

Así con ese grado de dependencia presupuestal y $200 mil millones menos, el Tolima no podrá reaccionar solo recortar. Y cuesta decirlo e insistir en ello, pero es el momento de construir una súper estrategia, diferente pero viable, que permita encontrar nuevas fuentes y formas de financiamiento, pues hoy como departamento no tenemos otro camino que la eficiencia y la autonomía presupuestal.