Ibagué, enfrenta este año una alarmante realidad: 39 personas han perdido la vida en accidentes viales. Esta cifra, más allá de ser un número en las estadísticas, representa la imprudencia y la falta de responsabilidad en las vías. Ante este escenario, se hace imprescindible fortalecer la cultura vial en nuestra ciudad, un esfuerzo que requiere la participación activa de todos los actores sociales y el liderazgo decidido de las autoridades locales.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial ha implementado diversas campañas para prevenir estos siniestros, pero las estadísticas nos indican que aún queda mucho por hacer. ¿Qué estamos fallando como sociedad para que estas tragedias se sigan repitiendo? La respuesta radica en la necesidad de una transformación profunda en la cultura vial de Ibagué, que debe ir más allá de las campañas temporales y enfocarse en un cambio sostenible de actitudes y comportamientos en las vías.

Inspirándonos en las buenas prácticas promovidas por el proyecto CIVITAS en Europa, otra medida clave es la incorporación de la educación vial en el currículo de las instituciones educativas de Ibagué. Esto podría incluir la realización de talleres interactivos y simulaciones que permitan a los niños, niñas y jóvenes experimentar y comprender los riesgos asociados a la movilidad urbana. Iniciativas como esta no solo fomentan el conocimiento de las normas de tránsito desde temprana edad, sino que también contribuyen a formar una generación más consciente y responsable. La educación vial no debe limitarse al aula; debe extenderse a espacios comunitarios y familiares, promoviendo actividades que involucren a padres, madres, docentes y líderes comunitarios en la enseñanza de prácticas seguras de movilidad.

La educación y la cultura ciudadana deben complementarse con un control efectivo. Es fundamental que las autoridades locales refuercen la vigilancia en las vías, con sanciones claras y ejemplares para quienes incumplen las normas de tránsito. Además, el uso de tecnología para monitorear y controlar la velocidad, como cámaras de vigilancia y radares, puede ser una herramienta poderosa para prevenir accidentes.

En Colombia, la facilidad con la que se otorgan los pases de conducción es alarmante. La falta de rigurosidad en los exámenes teóricos y prácticos, que deberían garantizar que los conductores tienen las habilidades y conocimientos necesarios para manejar un vehículo de manera segura, es preocupante. En muchos casos, estos permisos parecen entregarse como si fueran el premio de una rifa, sin la debida evaluación de la capacidad del conductor o conductora. En contraste, en países como Alemania o Japón, los exámenes para obtener una licencia de conducción son exhaustivos y estrictos, asegurando que solo aquellos con una sólida comprensión de las normas de tránsito y una habilidad comprobada al volante obtengan el permiso.

Pero no solo se trata de obtener la licencia; en estos países, una vez que se tiene, las autoridades aplican controles rigurosos y sistemas de puntos que penalizan severamente las infracciones. Por ejemplo, si un conductor es sorprendido manejando bajo los efectos del alcohol, no solo se enfrenta a multas significativas, sino que también pierde puntos en su licencia, y en casos repetidos, puede llegar a perderla por completo. En Colombia, sin embargo, rara vez se ven consecuencias tan estrictas. Las infracciones graves, como conducir en estado de embriaguez, muchas veces se resuelven con una multa, sin que ello implique la pérdida de puntos o la revocación de la licencia. Esto perpetúa una cultura de impunidad y riesgo, donde las vidas de los ciudadanos quedan expuestas a la irresponsabilidad de unos pocos. Es evidente que necesitamos una reforma profunda en cómo se otorgan y gestionan las licencias de conducción, alineándolas con estándares internacionales que prioricen la seguridad y la responsabilidad en las vías.

A su vez, no podemos olvidar que la infraestructura juega un papel crucial en la seguridad vial. Calles mal señalizadas, falta de iluminación y zonas peligrosas que no cuentan con la señalización adecuada son factores que contribuyen a los accidentes. Es responsabilidad de las autoridades locales garantizar que nuestras vías estén en óptimas condiciones y que los diseños urbanos prioricen la seguridad de los peatones y ciclistas.

Finalmente, es vital fomentar la participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas de movilidad. Las comunidades deben ser escuchadas y sus necesidades, consideradas. La colaboración entre la administración municipal, las instituciones educativas, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil es esencial para construir una cultura vial que nos proteja a todos.
Greis Cifuentes PhD 
@GreisCifuentes
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