Durante la audiencia de lectura de fallo contra del testaferro Amaury Blanquicet Pretelt se conoció otra fase del descalabro a los Juegos Nacionales y relacionados con los  contratistas de las obras que  fueron salpicados en las declaraciones que este entregó a la Fiscalía con el fin de colaborar para que la pena no fuera  severa pese a que sólo se le imputó el delito de lavado de activos y con una condena de 6 años.

Con ello se encendieron aún más las alarmas frente a una adjudicación de 77 mil millones de pesos, los cuales quedaron a manos de  la empresa española Vera Construcciones y las nacionales Obras de ingeniería civil y Benjamín y Tomás Herrera en calidad de persona natural. El gerente de Typsa Luis Rodrigo Uribe Arbeláez contó en sus declaraciones a la Fiscalía General de la Nación en agosto del presente año, que  los contratistas del Parque Deportivo Jaime Rivera, Juan Ramón Hernández y Juan Carlos Múnera llegaron al despacho de Arciniegas Lagos y que este les había dicho debían hacerse algunas modificaciones como el cambio de la estructura de hormigón, por una metálica, debido a que los anteriores tenían una fábrica conocida como Soluciones en Acero S.A.S., siendo contratada por un monto de 14 mil 400 millones de pesos y de propiedad presuntamente de Juan Carlos Múnera, quien dijo que este fue contactado  por la empresa Unión Temporal, coincidiendo con el mes de la licitación para las obras de la Parque Deportivo.

Se conoció que el ingeniero Múnera negó haberse reunido  con  Luis Rodrigo Uribe para hacer las modificaciones en las obras y que la ejecución de las mismas las inició en julio del año anterior.

El subcontratista dijo que con los diseños que había, no se podían ejecutar las obras a largo plazo, por lo que consideró que la estructura debía ser modificada por una metálica, debido a que ésta “tiene una velocidad de 1 a 10 con respecto al concreto”, “además que cada en material de diseños  se hizo públicamente con Arbeláez Uribe”, dijo Múnera.   

Se ha conocido que la red de veedurías (Revisar) dio su concepto, señalando que era imposible sostener los precios del concreto para los contratistas, porque los mismos  estaban por debajo del  mercado  y las cargas debían nivelarse con el cambio del material para el Parque Deportivo.  

Munera expresó que Typsa había aprobado sus  diseños porque debían ellos de manera obligatoria debían emitir un  concepto.

Además que  se le adeudan 165 millones de pesos, por la ubicación de la estructura metálica y en la parte de los diseños estructurales otros  165 millones de pesos. Dijo desconocer por qué la empresa española no modificó los diseños y argumentó que las empresas que llegan a realizar una obra  tienen la capacidad de rediseñar y en este caso los diseñadores era Typsa, que se encargaba de hacer una revisión, la cual posteriormente debe ser aprobada por la Curaduría Urbana.

Por su parte el Imdri tiene otro concepto , ya que la aprobación de los diseños y las modificaciones de la licencia, la realizó la Curaduría Urbana en septiembre dos de 2015, después de haberse hecho la ejecución e instalación de la malla metálica.

La orden de captura contra Ángel y Mestre

Con estos elementos se confirma entonces la vigencia de las órdenes de captura expedidas por un Juez de la república  en contra de Heberto Ángel ex director del Imdri y el ex secretario de Hacienda Oswaldo Mestre, quienes al parecer no se encuentran en esta ciudad y podrían haber viajado al exterior.

El ex secretario de Hacienda  de autorizar el desembolso para las obras de los Juegos Nacionales, entre tanto el ex gerente del Imdri fue sancionado en primera instancia por la Procuraduría Provincial de Ibagué

La vinculación del Curador Urbano  

Otro de los aspectos relacionados con las versiones entregadas por el gerente de Typsa Luis Rodrigo Uribe Arbeláez fue la de vincular en estas investigaciones al curador número dos Gresiman Cifuentes en el desfalco de los Juegos Nacionales, debido a que este aprobó los diseños de la obras  del Parque Deportivo como las obras de las piscinas en un tiempo record, el cual además tendría algunos ‘arreglos’ con Orlando Arciniegas Lagos.

Sin embargo la Red de Veedurías hizo un amplio análisis  y señaló “que en el mismo libro de radicación se deja constancia de que pese a que los mismos fueron conocidos por la curadora dos (e), Claudia Johana Cifuentes Silva, desde julio de 2014, nunca se reportó en el libro de radicación para proyectos de las entidades del Estado, así una de las licencias debían quedar en la Curaduría Urbana Uno y la otra en la Dos, hecho que nunca se dio”.

Se ha conocido que se corroboro que  los proyectos de las obras debían ser radicados en un libro llamado radicador para los proyectos y que no se hizo.

La Red de Veedurías igualmente señaló que en Ibagué hay sólo dos curadurías urbanas y que debían tener conocimiento  de que el Imdri al ser propietario del predio y que con recursos públicos, las licencias debían irse a reparto. Además que 20 días después de haberse radicados las solicitudes, debió hacer la entrega al igual que el recibo de cada expediente en trámite para conocimiento y continuidad del proyecto , lo que hace que involucra al Curador dos Greisman Cifuentes Silva.