El Tribunal administrativo del Tolima en decisión del 24 de julio de 2015 resolvió la consulta respecto a un auto proferido por el juzgado noveno oral del circuito judicial de Ibagué por medio del cual se le impuso al gerente del IBAL, Ingeniero Carlos José Corral, sanción de multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes por haber desacatado el fallo proferido en acción popular del 14 de noviembre de 2007 y modificado en segunda instancia por el tribunal en sentencia el 13 de marzo de 2008.

La sentencia había amparado los derechos colectivos y ordenado la adecuación de la infraestructura de servicio de acueducto a los habitantes del barrio San Isidro de la ciudad de Ibagué.

Determinó el tribunal que la amenaza de los derechos e intereses colectivos de los habitantes del barrio San Isidro aún persiste, como quiera que el agua que consumen no es apta para la salud y representa un peligro para sus vidas, razón por la cual mantuvo la decisión de primera instancia que multa al Gerente del Ibal.

El accionante de esta acción popular fue el reconocido abogado Wilson Leal Echeverry, quien desde el año 2007 viene adelantando este proceso en contra de la empresa de Acueducto y Alcantarillado.

El cinco de noviembre del año 2014 la Secretaría de Salud de Ibagué informó que una vez analizadas las muestras de agua recolectadas del acueducto del barrio San Isidro durante el periodo Enero – Julio del año 2014, se concluyó que la misma presentaba un riesgo alto y por ello se consideraba no apta para el consumo humano. Pero en el mes de octubre nuevamente la oficina de salud de la ciudad reiteró el problema que afecta la comunidad de este sector.

Por ultimo en enero del año 2015 nuevamente la Secretaría de Salud ofició que la comunidad del barrio San Isidro consumía agua no es apta para el consumo humano.