Transportadores denuncian traición y desinformación en la adjudicación del recaudo del SETP en Ibagué
La reciente adjudicación del sistema de recaudo centralizado del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) en Ibagué ha generado una fuerte polémica entre los transportadores y la alcaldía de la ciudad. Diversos representantes del gremio manifestaron su descontento y denunciaron presuntas irregularidades en el proceso.
La gerente de Movilizando UT, Paola Torres, expresó su malestar al afirmar que el sistema de recaudo centralizado les correspondía a los transportadores por derecho y que veía una falta de buena fe por parte de la alcaldía. Asimismo, consideró que esta situación se asemejaba a una segunda versión de los Juegos Nacionales, en referencia a la controversia generada por la realización de este evento en la ciudad.
Por su parte, la gerente de Cotrautol, Paula Katerine Ramos, señaló que se sentían traicionados y acusó a la alcaldía de desinformar a los usuarios con información falsa y ocultar la verdad sobre la adjudicación del recaudo. Además, afirmó que han pasado por encima de la ley en este proceso.
Hernán Quiñonez Ariza, gerente de Expreso Ibagué, también se pronunció al respecto y aseguró que las afirmaciones de que los transportadores no tienen el músculo financiero son una gran mentira. Además, denunció que la alcaldía ha tratado de dividir al gremio transportador con promesas que no puede garantizar.
En cuanto al financiamiento del sistema de recaudo, el gerente de Expreso Ibagué informó que el Gobierno destinó una importante suma de dinero, específicamente $73 mil millones, de los cuales cerca de $30 mil millones están destinados al sistema de recaudo del SETP.
Ante estas declaraciones, queda claro que la adjudicación del recaudo del SETP ha generado tensiones y desconfianza entre los transportadores y la alcaldía de Ibagué. Los representantes del gremio exigen transparencia en el proceso y aseguran que el SETP no ha contribuido significativamente al desarrollo de la ciudad. Esta situación evidencia la necesidad de un diálogo constructivo y transparente entre todas las partes involucradas para encontrar soluciones que beneficien a la ciudad y a los usuarios del transporte público.