Ante la problemática que vive el municipio por las constantes invasiones y desalojos, Ecos del Combeima consultó con el abogado, Hernando Álvarez Urueña y el exconcejal de Ibagué, Camilo Delgado, quienes han estado inmersos en estas situaciones, bajo la premisa del respeto por los derechos humanos. A su vez, citó al secretario de Gobierno, Óscar Berbeo, quien a último momento se excuso por su ausencia. 

Para entrar en contexto, en  2004 un grupo de profesionales (ingenieros, abogados, arquitectos, topogáfos), establecieron que en Ibagué habían 38 mil familias que no tenían vivienda. Actualmente, la cifra oscila alrededor de las 58 mil familias, evidenciando que el déficit ha venido incrementando considerablemente. 

Esto demuestra que el municipio desde hace más de 15 años padece una crisis que se acrecentó con la pandemia, debido a que el confinamiento redujo los ingresos y el empleo de muchas familias y debido a ello, en palabras del abogado, muchos de ellos buscaron una alternativa que "les quitara el arriendo de encima" y produjo un fenómeno en la ciudad: los asentamientos irregulares.

A su vez, precisó que los denominados tierreros, son bandas delincuenciales que se apropian ilegalmente de terrenos públicos y privados con retroexcavadores, venden los predios con títulos de compraventa y engañan a los compradores bajo promesas de vivienda falsas. 

Por ello, se ha caracterizado por ser un abogado defensor en derechos humanos y se ha apersonado de las muchas situaciones de desalojo que han vivido los ciudadanos que hacen parte de la población más vulnerable de ciudad y que se han visto envueltos en el círculo de la mafia de tierras. 

Por lo anterior, el Secretario de Gobierno de Ibagué, ha realizado acusaciones públicas en contra de Álvarez Urueña y el excandidato Delgado, respecto a la invasión de terreno. Ante esto, Camilo Delgado, inicialmente tildó como 'hábil y pintóresca', la manera en que Óscar Berbeo evadió la asistencia al diálogo para abordar esta problemática durante el debate en la emisión de noticias y otros escenarios en "los que brilla por su ausencia".

También precisó, que una vez más se evidencia la no presencia de la Administración Municipal, lo que refleja una "realidad que va acompañada del déficit habitacional y la desidia en la promoción y en el desarrollo de proyectos que permitan superar las crisis de vivienda de miles de familias que viven en la ciudad (...) y que han tratado de macartizar diciendo que son simplemente 'tierreros'".

Es de anotar, que desde la llegada de Óscar Alexander Berbeo a la secretaría de Gobierno, se han venido adelantando varios desalojos de predios en la ciudad. Sin embargo, tanto Delgado como Álvarez, aseguran que no se están cumpliendo con los procedimientos que establece el Código.

Referente al tema, el exconcejal indicó no se puede desconocer la realidad de la ciudad, respecto a la invasión, ya que en muchas ocasiones se ha advertido de la presencia de las mafias que se aprovechan de las necesidades, de la imposibilidad de acceder a una vivienda en condiciones dignas y los engaños que utilizan para que las familias compren lotes en terrenos invadidos. 

Frente al rifirrafe, Delgado también manifestó que hará uso de los mecanismos legales, debido a la negativa de Berbeo de retractarse de sus palabras. "Es irresponsable como se hacen aseveraciones falsas hasta imputaciones que tienen caracter delictivo, y que por supuesto haremos uso de los instrumentos que el ordenamiento jurídico colombiano nos trae para tal efecto. Es lamentable que esa actitud esquiva y mezquina siga siendo el común denominador de la administración 'Ibagué Vibra'".

Por su parte, Hernado Álvarez urueño aseguró que durante más de 20 años ha defendido los derechos humanos y "jamás he sido investigado, condenado o se me ha notificado un delito por invasión de tierras o por promotor", puntualizó. 

Finalmente, extendieron la invitación al funcionario de la cartera de seguridad del municipio, para que conozca más de derechos humanos y recuerde que un proceso policivo exige conocimiento, sobre todo cuando pueden haber personas involucradas como menores de edad, discapacitados o población vulnerable.