La administradora del reconocido negocio de granizados que fue cerrado recientemente en Ibagué se pronunció sobre los hechos y puso en duda muchas de las circunstancias que llevaron a la Alcaldía y la Policía Metropolitana a tomar la medida.

Se trata del establecimiento Delicocktail Granizados La Casa del Granizado, clausurado y multado con 32 salarios mínimos diarios legales vigentes bajo el argumento de que no cumplía con la normativa que regula su actividad económica.

Ecos del Combeima habló con Stefania Ospina Quiroga, quien desde septiembre del año pasado está al frente del popular negocio, y asegura que cuentan con todos los documentos requeridos, como la Cámara de Comercio, uso de suelos, espacio público, permiso de bomberos y carné de manipulación de alimentos.

Ospina relató que, cuando el negocio empezó a ser un éxito con la masiva asistencia de personas, un vecino del sector presuntamente comenzó una persecución en contra del local.

Según su versión, las quejas se originaban por vehículos parqueados en la vía o música a alto volumen, situaciones ajenas al negocio de granizados, pero que motivaron múltiples llamados a la Policía.

"La Policía empezó a ir y arreglamos el uso del suelo", recordó Ospina, quien agregó que la situación escaló hasta el punto de recolectar firmas por las supuestas molestias generadas por el establecimiento.

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La administradora negó las acusaciones de que en el local se reproducía música a alto volumen o que vendían granizados con licor a menores de edad. Asimismo, cuestionó la labor de la inspectora encargada del caso, ya que, según ella, nunca se corroboraron las denuncias antes de proceder al cierre.

"Las quejas relacionadas con el paso vehicular no son algo que nos competa; hay entidades como Tránsito y la Policía para regular eso", añadió Ospina.

Y agregó "Como el señor (el vecino) llamaba todos los días y los tenía cansados, la solución fácil fue mandar a cerrar el local".

Ospina también explicó que hubo una citación a la que no pudo asistir debido a su proceso de embarazo y que tampoco pudo atender la dueña legal del local, quien estaba fuera del país en ese momento.

Según Stefania Ospina, la falta de una actuación correcta por parte de las autoridades se debió a que, presuntamente, no se dio la oportunidad de realizar un debido proceso. Esto, debido a que la representante legal del negocio no se encontraba en el país cuando se adelantaron las diligencias, lo que impidió que se pudiera defender adecuadamente el establecimiento frente a las acusaciones que terminaron en su cierre.

"En el documento del cierre no se menciona que no teníamos Cámara de Comercio, uso de suelos o espacio público, sino que la razón fue la falta de asistencia del representante legal", aseveró.

Y concluyó: "Es muy injusto que por diez personas de toda una comuna, se cierre un local por cosas que no son ciertas".