El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo objetó el proyecto mediante el cual se prohíbe el uso de asbesto en la contratación pública, y pese las observaciones que desvirtuaban la estrategia formulada desde el Concejo Municipal, en principio se había negado a convocar a sesiones extras para el respectivo debate.

La radical postura del burgomaestre tuvo ser contrarrestada por el presidente del Cabildo, quien mediante ofició le notificó las irregularidades que cometería si no se llevaba a cabo la discusión. Juan Pablo Salazar incluso invitó públicamente a los organismos de control a que intervinieran si Jaramillo no accedía.

Finalmente, el alcalde no tuvo más remedio que convocar a tres días de extras, pero su argumento se fue al piso cuando desde el Concejo advirtieron que las objeciones fueron radicadas de manera extemporánea, razón por la cual no se tuvieron trámite.

"Se tenían cinco días hábiles para radicar dichas objeciones luego de ser aprobado el acuerdo", explicó el concejal Javier Mora, quien lideró la estrategia en su momento. Así las cosas, las objeciones fueron devueltas al despacho del mandatario local para que sancione o recurra al Tribunal Administrativo del Tolima.

Por su parte, la directora de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Gloria Esperanza Millán, indicó que habrá una reunión para determinar si el caso será enviado al gobernador para que allí se determine el eventual futuro del proyecto en manos del Tribunal.