A partir del primero de noviembre de 2023, entraron en vigor los denominados "impuestos saludables" en Colombia, que aplican a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados industrialmente, para dar cumplimiento a la Ley 2277 de 2022 que forma parte de la reforma tributaria. 

En cuanto a las bebidas azucaradas, dicha Ley las define como "cualquier bebida líquida que no tenga un grado alcohólico volumétrico superior al 0,5 % y a la que se le haya incorporado azúcar añadido". Esta categoría abarca una amplia gama de productos como bebidas gaseosas, refrescos, bebidas a base de malta, té, café, jugos de fruta, energizantes y otros.   

En cuanto a los alimentos ultraprocesados, el documento hace referencia a aquellos que contienen un alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas: embutidos, galletas, helados y otros productos similares. 

Un análisis de la Universidad de Los Andes indica que su implementación ha suscitado un amplio debate en Colombia.  

Mientras algunos defienden la medida y argumentan que es crucial en la lucha contra la creciente epidemia de obesidad, diabetes y otras enfermedades, otros expresan preocupaciones sobre su impacto en los consumidores con recursos económicos limitados que dependen de estos productos para su alimentación diaria debido a sus bajos costos. 

"No podemos seguir sosteniendo que desincentivar el consumo de estos alimentos afectará a las personas más vulnerables o con menos recursos económicos. Sería equivalente a permitir que se sigan envenenando. En lugar de eso, debemos enfocarnos en facilitar el acceso a alimentos saludables", afirma Carlos Olimpo Mendivil, PhD. en Bioquímica Nutricional. 

El profesor de la facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes señala que hay evidencia científica acerca del perjuicio que estos alimentos ocasionan a la salud. “Nos referimos a los productos que entran en la categoría de ultraprocesados, específicamente aquellos conocidos como de calorías vacías, estos alimentos, en esencia, aportan calorías en forma de azúcar y pueden ser líquidos o sólidos”.  

En México, por ejemplo, se implementó el impuesto hace una década. Un caso de éxito en Latinoamérica para tener en cuenta, de acuerdo con el doctor Mendivil: “Lograron reducir el consumo de calorías, en niños y adolescentes, y han tenido un impacto positivo en el peso y el índice de masa corporal”, señala.  

Según el experto en diabetes y metabolismo, la Ley en Colombia tiene tres propósitos fundamentales. En primer lugar, mitigar o moderar el consumo de alimentos perjudiciales para la salud, particularmente aquellos considerados ultraprocesados y con calorías vacías.  

En segundo lugar, recaudar fondos que se destinarán al sistema de salud y a la prevención.   

Y tres, que la industria de alimentos utilice otros edulcorantes no calóricos como alternativas al azúcar, “Se puede ver que algunas empresas ya están reduciendo los niveles de azúcar para evitar el pago de estos impuestos”.  
Abordar los problemas de salud pública relacionados con el consumo de alimentos requiere una variedad de enfoques adicionales a las legislativas como estrategias educativas o incentivos económicos a las empresas que promuevan hábitos saludables y promoción de actividad física, concluye el especialista.