La Procuraduría General de la Nación envió a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, una serie de observaciones sobre el proyecto de reforma pensional en las que señaló que se deben revisar cuatro asuntos estructurales que de no ajustarse harían inviable su implementación.

La Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social señaló inicialmente que la falta de reglamentación de, al menos, 45 temas estructurales del sistema podría vulnerar los derechos de los afiliados que soliciten reconocimiento de una prestación económica, altas judicializaciones y vacíos jurídicos, técnicos y financieros.

Las cifras que se conocen de Colpensiones, que han sido objeto de rigurosos análisis por parte de la Entidad, evidencian que no tiene la capacidad técnica, administrativa y operativa para la puesta en marcha de una operación que implicaría el traslado de cerca de 19 millones de personas.

El Ministerio Público advirtió la necesidad de que el Gobierno, el ministerio de Hacienda y el Congreso tengan en cuenta los estudios y conceptos del costo fiscal que generaría el proyecto en el Presupuesto General de la Nación, datos que además se deberán tener en cuenta en el análisis de lo relacionado con el valor en todos los pilares a mediano y largo plazo.

A juicio del ente de control, el Ministerio de Trabajo y el Congreso deben tener en cuenta que actualmente y de cara al 1 de julio de 2025, fecha planteada para iniciar operaciones, Colpensiones no está preparada para asumir las obligaciones que le impondría la reforma, teniendo en cuenta los requerimientos tecnológicos, la ausencia de presupuestos, los tiempos que hay para la elaboración de contratos y los periodos de prueba necesarios, entre otros aspectos, por lo que sugirió que se considere su implementación de forma gradual a partir de 2026.

La Procuraduría manifestó que la reforma debe garantizar la construcción de un sistema de protección integral a la vejez que sea sostenible y viable para las futuras generaciones, que bajo ninguna circunstancia vaya a representar una afectación de los derechos de los afiliados y los pensionados del país.