El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, alertó al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, sobre los riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos y de posible daño a bienes o intereses públicos en el sector energético. Esta advertencia se basa en un estudio sobre la ‘Seguridad y Confiabilidad Energética en Colombia’ realizado por el ente de control, que señala la posibilidad de un desabastecimiento energético inminente.

La advertencia tiene como propósito informar al ministro sobre los riesgos identificados, con el fin de que, dentro de su ámbito de competencias y el de los funcionarios correspondientes, se tomen las decisiones necesarias para prevenir su ocurrencia y evitar el daño a los intereses públicos.

Entre los riesgos identificados en el estudio sectorial está la disminución significativa en los ingresos del Estado, especialmente en las Regalías, se origina por la caída en la producción de hidrocarburos y, por ende, en sus exportaciones. Este problema se refleja en los indicadores de exploración e incorporación de reservas, lo que revela el estancamiento del sector de hidrocarburos en Colombia. Además, la reducción de ingresos fiscales provenientes de las industrias, que se verían afectadas por un posible desabastecimiento o un aumento en los precios de los combustibles (gas, ACPM, gasolina), podría llevar a la quiebra de muchas empresas.

Otro riesgo es que se necesiten destinar recursos públicos para financiar subsidios en servicios públicos, especialmente si la producción de gas y otros combustibles dentro del país se ve afectada y no hay suficiente abastecimiento para cubrir la demanda. Esto obligaría a importar combustibles, lo que elevaría los precios al competir en el mercado internacional. Como resultado, los costos de energía aumentarían para muchos usuarios actualmente subsidiados, lo que implicaría que el Estado tendría que asumir un costo mayor sin contar con los recursos suficientes en su presupuesto para cubrir los subsidios necesarios. Este riesgo ya está comenzando a materializarse, poniendo en peligro la continuidad del servicio de energía eléctrica debido a la falta de giro de cerca de 2.5 billones de pesos.

Otro temor es que, debido a la falta de firma y continuidad de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y carbón, se reduzca la inversión extranjera directa en el país. Esto tendría un impacto negativo en el PIB, ya que disminuirían los ingresos para la Nación, lo que a su vez haría que los recursos del Estado no sean suficientes para cubrir sus necesidades. Además, se vería afectada la tasa de cambio, generando presiones al alza sobre el dólar, lo que repercutiría en la economía y aumentaría el costo de la deuda externa.

Existe el riesgo de un aumento en los niveles de subsidio a los combustibles debido a un posible incremento en sus precios por la necesidad de importarlos. Esto agravaría el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que ha acumulado un desfinanciamiento significativo, cercano a los cien billones de pesos en los últimos 15 años, y que deberá ser cubierto con recursos del Presupuesto Nacional.

Como sustento de la advertencia, el contralor señala que, la disminución de alternativas energéticas asequibles se traduce en presiones al alza del gasto destinado a energía y el consecuente empobrecimiento de la población que no puede dejar de usar los energéticos y se vería obligada a retornar al uso de opciones más asequibles como la leña.

Asimismo, alerta sobre futuros racionamientos, mencionando que, a la fecha, ya se ven las consecuencias luego que diversos frentes hayan alertado sobre escasez de gas en el país. Adicionalmente, menciona que se podría presentar un aumento del costo de vida y de las tarifas de servicios públicos.