La reciente renuncia de Juan Pablo Sánchez a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, vino acompañada de una serie de declaraciones que se han caracterizado por ser la continuación de lo que viene denunciando hace años en la ciudad sobre el ente cameral. Una carta dirigida al Presidente Petro, es una nueva carta que se juega para lograr que se lleve a cabo una intervención o investigación de lo que ocurre al interior de la CCI. La imposibilidad de acceder a la información relevante de lo que ocurre en la CCI, que en virtud del código de ética no se puede conocer, es un claro ejemplo de la vulneración al derecho de ejercer control ciudadano en las entidades que administran los recursos públicos y privados.

Aparentemente, la Cámara de Comercio de Ibagué, ha dado un manejo lesivo a los intereses generales de la comunidad de Ibagué y de los intereses de los comerciantes de la ciudad, pues presuntamente se han consumado actos absolutamente irregulares con los recursos de la entidad. Juan Pablo recalca la importancia de la intervención de los entes de control, inspección y vigilancia como la Superintendencia de Sociedades, para impedir que se sigan tomando decisiones en favor de unos pocos en perjuicio de la generalidad de comerciantes que hacen parte de la Cámara de Comercio y que, dicho sea de paso, se ha caracterizado por una gestión comercial muy pobre al tener una proporción de ingresos privados de tan solo el 10% aproximadamente y el 90% restante, proveniente del registro mercantil, Rup y Esal.

Siendo las Cámaras de Comercio entidades que tienen por objeto lograr la formalidad e impulsar el desarrollo económico de la región, no se explica uno cómo puede haber derroche y ausencia total de seguimiento por parte de la Junta Directiva que representa a los afiliados que la eligieron. Rendir cuentas es apenas obvio y necesario, pero parece que esta entidad no tiene control y entre algunos miembros de Junta y su presidente, existen intereses que se encuentran lejos de ser el objeto de su gestión. Es importante recalcar que la imposibilidad de denunciar públicamente los malos manejos, de alguna manera permite que se presenten hechos tales como un incremento significativo de contratación directa, posible nepotismo, clientelismo y tráfico de influencias. 

Se deben tomar medidas urgentes de carácter legal que establezcan controles a las Cámaras de Comercio para evitar que la Junta Directiva y la Presidencia, abusen del poder y derrochen los recursos que, en su mayoría, para el caso de Ibagué, resultan ser de origen público. Si el gasto en viajes y viáticos no tienen resultados, estaríamos frente a otro ejemplo de turismo gremial. Lo cierto es que Ibagué hoy ni siquiera hace parte de la estrategia de promoción turística de Procolombia, disminuye su puesto en el Índice de Competitividad de Ciudades porque no hay un liderazgo desde la Cámara de Comercio de Ibagué, no existe aún una Estrategia de Promoción e Inversión porque tampoco la CCI pudo articularse con la gobernación y la alcaldía para hacerla realidad, tenemos una alta concentración de empresas en el sector terciario según el índice de Herfindahl, lo cual quiere decir que los ingresos operacionales mayoritarios corresponden a muy pocas empresas, disminuyendo así la capacidad competitiva del mercado, la informalidad aunque ha disminuido al 46%, sigue siendo una cifra preocupante cuya mejora radica en el trabajo incansable de la alcaldía y no precisamente del aporte de la CCI.

Como si fuera poco lo anterior, el ingeniero industrial uniandino, Juan Pablo Sánchez, también denuncia que la Junta Directiva de la CCI aprobó el pagó un bono al presidente ejecutivo por aproximadamente 40 millones de pesos en diciembre del 2020, en pleno segundo pico de Covid-19, premiando resultados extraordinarios que según él no existieron. Así las cosas mi estimado comerciante, si continúa con su indolencia y su ignorancia frente a lo que debe hacer una Cámara de Comercio eficiente, va a continuar pasando lo mismo, pues la Junta Directiva solo puede ser elegida por los afiliados que tengan más de dos años como afiliados, una ventaja para los que se atornillan al poder como la mayoría de la actual Junta, pues es sabido que no promueven la afiliación, por el contrario disminuyó el número de afiliados y, al final de la historia los que eligen la Junta Directiva terminan siendo los mismos, en consecuencia, sirviendo a los mismos.

Triste, pero esto puede cambiar si el presidente de la República le pone el ojo a esto y promueve un cambio en la ley para que los miembros de Junta puedan ser elegidos por todos los comerciantes inscritos, elimina el código de ética donde impide que miembros de Junta Directiva  se puedan pronunciar y denunciar frente a situaciones irregulares, se exija un mínimo nivel académico o se exija formación posterior para que se garantice que se haga un manejo profesional de las cámaras de comercio del país. Sería interesante conocer cómo le hacen seguimiento al presidente ejecutivo de la CCI, si hay KPI´s, planes de acción, metodología o simplemente se reúnen a ver informes sin control ni métrica alguna. 

¿La Procuraduría General de la Nación podría intervenir para conocer si se ha hecho un manejo adecuado de los recursos públicos provenientes del registro mercantil, o por el simple hecho de tener un 10% de recursos privados, se encuentran protegidos y en tal sentido pueden seguir derrochando? ¿La Superintendencia de Sociedades se pronunciará y hará algo? ¿El presidente Gustavo Petro en línea con sus promesas en favor de los más débiles, protegerá los intereses de las micro y pequeñas empresas que constituyen el 98% del tejido empresarial de Ibagué?

Todo lo expresado por Juan Pablo Sánchez deja un gran manto de duda y ojalá los comerciantes se preocupen más por estos asuntos, que no vaya a ser como pasó hace poco en el Concejo de Ibagué, donde tristemente tres concejales hundieron un proyecto de Acuerdo que permitía conocer la gestión de los concejales, pues actualmente no están obligados a rendirle cuentas a la ciudadanía. El valiente concejal Arturo Castillo fue quien hizo la apuesta y perdió al encontrar en Linda Perdomo, Julián Serna y Bryan Escandón, una negativa que llama mucho la atención, pues no se entiende cómo no están interesados en brindar garantías a los ciudadanos y que haya una mejor democracia. Pareciera que no les gusta reportar sus resultados y valdría la pena ver si los tienen, pero ese asunto lo abordaremos más adelante, en todo caso, es increíble que la ciudadanía no se pronuncie apoyando estas iniciativas y reprochando el hundimiento del proyecto de acuerdo a causa de la negativa de estos tres concejales. 

En mi opinión, Ibagué debe avanzar hacia una postura mucho más comprometida con la gestión de los gremios y entidades públicas. No podemos seguir viviendo en la ignorancia y en la indolencia.