Todo servidor público que deja un cargo del estado tiene el deber de presentar un informe detallado de las acciones ejecutados durante su ejercicio de tipo financiero, fiscal y contractual que permita al nuevo servidor asumir las nuevas responsabilidades sin afectar la continuidad del servicio público, sin embargo el actual gobierno nacional, quiere cambiar las reglas de la transición gubernamental, generando una serie de restricciones en la información al presidente que gane la elección.

En noviembre del 2021 ministro del interior presentó el proyecto de ley "Por medio del cual regula un proceso de empalme y entrega de funciones entre candidato electo y la autoridad responsable en el Estado Colombiano" con mensaje de urgencia para el trámite en el Congreso de la República, lo cual significa que las comisiones conjuntas constitucionales y la plenaria de cámara y senado actuarán disminuyendo los tiempos para su aprobación, lo que permite una aprobación exprés de un nuevo procedimiento para la entrega de informe de empalme de los servidores públicos salientes y el entrante, incluyendo una restricción polémica de la información relacionada con amenazas de seguridad nacional, operaciones militares y el uso de la fuerza pública, la cual será reservada y excluida al presidente electo, pues de aprobarse el proyecto de ley, el presidente en funciones cuando lo considere pertinente, de forma discrecional o por estado de excepción, mediante un acto administrativo podrá mantener de manera reservada la información hasta que termine su periodo de gobierno. 

En caso que el Congreso apruebe este proyecto de ley, es casi seguro que la Corte Constitucional lo va a declarar inconstitucional, por cuanto quién asume la nueva Jefatura del Estado, como consecuencia de ganar unas elecciones democráticas, no debe tener ninguna restricción en la información y el empalme debe permitirle recibir no solamente la información económica, financiera y contractual, sino que en las condiciones actuales de seguridad nacional es menester y primordial entregar la información completa de amenazas de seguridad nacional, operaciones militares y el uso de la fuerza pública, para que el nuevo presidente conozca de primera mano las decisiones que debe tomar apenas tome posesión del cargo, pues para nadie es un secreto la situación actual coyuntural del conflicto Rusia y Ucrania y el papel que Colombia ha estado jugando pidiendo ser aceptada en la OTAN; Por otro lado los grupos de disidencia tanto de las FARC, paramilitarismo y el ELN que han aumentado sus acciones Armadas en contra del Estado colombiano, saliéndosele totalmente en las manos la seguridad al presidente Duque.

El Congreso la República debería evitar aprobar un proyecto de ley que a todas luces inconstitucional, pues no es dable que el presidente electo tenga restricciones en la información más importante de seguridad, ya que el nuevo gobernante representa la soberanía del pueblo y asume la jefatura de estado y debe tener un empalme transparente y serio de toda la información para poder darle continuidad al orden democrático de Colombia.