En nuestro país se acaba de reabrir una discusión que nunca ha desaparecido: el porte legal de armas.

El 8 de septiembre, mediante el Decreto 1368 de 2026, el Gobierno del Presidente De la Espriella levantó la suspensión general de los permisos para porte de armas de fuego. La decisión no significa un porte indiscriminado, puesto que continúan existiendo requisitos, permisos y controles de las autoridades.

Sin embargo, el asunto merece un análisis más profundo por sus implicaciones, que van más allá de las consignas ideológicas que le quitan objetividad al debate.

Porque lógicamente de allí surge una pregunta que aún no se responde con seriedad: ¿Qué sentido tiene restringir al ciudadano que cumple los requisitos mientras el delincuente, no solicita ningún permiso para delinquir y dañar a los demás?

Pero también existe la pregunta contraria: ¿Cómo garantizar que el porte autorizado permanezca en manos de personas que sean aptas, responsables y no terminen aumentando los riesgos de violencia, accidentes o conflictos?

El Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza y de las armas,  y su obligación principal es garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. No obstante, esa obligación no desaparece porque un ciudadano se sienta protegido y tampoco se puede confundir, que el derecho a la seguridad, se garantiza simplemente con una autorización automática para portar armas de fuego.

La discusión sensata, entonces, no debería ser "armas sí" o "armas no". Debería ser qué controles funcionan, quién puede acceder legalmente a un permiso, cómo se verifica su responsabilidad y, sobre todo, qué está haciendo el Estado frente al enorme mercado ilegal.

Ya que mientras el Congreso y el Gobierno discute formularios, permisos y restricciones, las estructuras criminales y los bandidos  no parecen estar preocupados por llenar solicitudes y cumplir requisitos.

En este sentido, la verdadera medida del éxito  de la decisión no estará en cuántos permisos se reactivan o cuántas personas pueden estar legalmente armadas, sino en si el Estado logra, por fin, que el peso de la ley recaiga sobre quien delinque y no sobre quien cumple.

Pues finalmente, en Colombia no se necesita otra discusión simbólica y retórica  sobre las armas, se necesitan controles que funcionen con revisiones efectivas de quienes realmente pueden acceder a un arma de fuego, y por supuesto, una ofensiva real contra el mercado ilegal que surte a los delincuentes de una herramienta esencial para cometer delitos.

Lo demás, es puro ruido politiquero.