Se ha analizado el papel de las crisis económicas y su impacto en América Latina, en especial la de Colombia.  Pero hay otros aspectos que son importantes para tener en cuenta sobre esos “números mágicos” de la administración Trump en el desarrollo económico de Estados Unidos. Y uno de esos puntos neurálgicos son las reformas fiscales. Algunas cifras que nos da el portal France 24 sobre la reforma realizada en 2017:

“La reforma fiscal adoptada en 2017, la más importante en 30 años, redujo impuestos al ingreso de los más ricos y bajó impuestos sobre empresas de 35% a 21%. Estas medidas alentaron el crecimiento en 2018 pero también alimentaron la deuda y el déficit fiscal, que creció 26% en el ejercicio 2019 para rozar el billón de dólares. Con el coronavirus, el déficit se disparó a un nivel histórico en 2020 tras los gastos para contener el impacto económico de la pandemia, y supera los 3 billones de dólares, un récord absoluto. También la deuda creció, a 26,9 billones de dólares en el ejercicio fiscal 2020 que terminó en setiembre”.

Esta medida ha tenido muchas críticas y también muchos defensores. Hemos repetido en estas páginas hasta el cansancio un principio básico del comercio internacional: sin seguridad jurídica no hay confianza inversionista. Y esa seguridad jurídica implica que la carga impositiva a la inversión sea justa y a su vez sea equilibrada a una serie de ventajas en cuanto a libre competencia, participación en convocatorias y licitaciones con claridad y transparencia además del lógico cumplimiento de las actividades propias de cualquier intercambio comercial. 

Lo anterior, es el deber ser, que lamentablemente no se cumple por parte de Estados que asfixian con proteccionismo excesivo a grupos de interés y corporaciones internas y por otro lado de empresas transnacionales que pueden llegar desde semejanzas peligrosas con el oligopolio de productos y servicios hasta la abierta corrupción. Las tristes historias de la United Fruit Company en la primera mitad del siglo XX y de Odebrecht en las primeras décadas del siglo XXI deberían ponernos a reflexionar un justo medio. 

Pero algo innegable es que aunque Trump pierde las elecciones en medio de una tensión anormal por la pandemia y por una crisis política sin precedentes en la historia reciente americana, no hay duda que gran parte de los setenta y tres millones de votantes que lo respaldaron no solamente fue por algún tipo de afinidad ideológica o religiosa, sino por los resultados en la ampliación del empleo derivada por los incentivos tributarios donde destacan los casos de Waltmart hasta los de las pequeñas y medianas empresas.

En nuestro país las reformas tributarias que se han presentado durante los últimos veinte años nunca han estado exentas de oposición -y esta oposición no está exenta de politización de los argumentos muchas veces más que de argumentación técnica-. 

De tal manera solamente voy a enumerar las reformas que según el diario La República serían las siguientes:  

1) Gobierno Pastrana (1998-2002):  Ley 633 de 2000 (se inventó el impuesto del 2x1000, que posteriormente sería 3x1000 y ahora es 4x1000 como impuesto transitorio para garantizar liquidez de la banca que hasta 2020 fue la peor crisis económica de la historia reciente. Se propuso la boleta fiscal de cobros que nunca fue implementada), Ley 782 de 2002 (Primera ampliación de la base del IVA y creación del impuesto a la telefonía celular);

2) Gobierno Uribe (2002-2010): Ley 863 de 2003 (ampliación del impuesto a la renta y creación del impuesto al patrimonio), Ley 1111 de 2006 (IVA del 16%, exención de 40% de impuesto a la renta por inversión extranjera, aumento del 4x1000 vigente hasta el presente), Ley 1370 de 2009 (Aumento al impuesto del patrimonio), Ley 1430 de 2010 (Sobretasa del 20% en consumo de energía eléctrica industrial; 

3) Gobierno Santos (2010-2018): Ley 1607 de 2012 (se creo el Impuesto a la Renta para la equidad, impuesto a las ganancias ocasionales y el IVA del 5% para algunos servicios), Ley 1607 de 2013 (Se intentan crear nuevos sistemas de impuesto a la renta mínimos que nunca se implementan), Ley 1607 de 2014 (desmonte gradual del impuesto 4x1000 desde 2019, se crea impuesto a la riqueza), Ley 1809 de 2016 (se aumenta el IVA al 19% y se formalizan penas de prisión por evasión de impuestos de cuatro a nueve años) y;

4)Gobierno Duque (2018-presente): Ley de Financiamiento de 2018 (reducción del impuesto a la renta al 30% en 2020 aplazada por la emergencia del Covid-19 y descuentos parciales del IVA y el ICA) y la Ley de Crecimiento de 2019 (declarada inexequible por la Corte Constitucional. Implicaba la devolución del IVA, la polémica propuesta de gravamen de la canasta familiar y la reducción de aportes a pensión). 

Las diferencias de contexto y resultados creo que no tiene que ser explicadas después de esta fatigante lectura de reformas. Contrario a lo que se cree, Joe Biden desde el momento de su elección, sobre todo con los hechos ocurridos en los disturbios de Washington D.C. el 6 de enero, generó confianza en los mercados en general, sobre todo en Wall Street, donde el volumen de acciones transadas y el precio de las mismas en todos los índices tuvieron aumentos de su valor entre el 6 al 15%. 

En la próxima columna, concluiremos este tema con lo que finalmente nos tiene aquí. ¿Cómo estará el panorama para el comercio bilateral entre Estados Unidos y nuestro país?