Se trata de un litigio entre el abogado Wilyam Jair Galarraga Guzmán y la Alcaldía de Melgar que lleva ya 18 años y que hoy va en alrededor de $4.800 millones. El abogado pretende que le paguen unos honorarios, los intereses y un porcentaje pactado en un contrato para recuperar unos bienes que la administración del alcalde Moisés Carreño firmó el 6 de diciembre de 2005.

La condena fue impuesta al Municipio por un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Ibagué en un laudo arbitral proferido el 12 de marzo de 2019 en una cuantía de $2.643.537.162 millones. Para conseguir el pago de la condena, Galarraga inició un proceso ejecutivo y pidió como medidas cautelares, el embargo y retención de los dineros existentes en cuentas corrientes, de ahorro o de cualquier título bancario o financiero de que sea titular la Alcaldía de Melgar. El Tribunal Administrativo del Tolima acogió la solicitud en auto del 23 de marzo de 2023, pero la decisión fue impugnada y el pasado 18 de abril el mismo Tribunal concedió en el efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Melgar, frenando así el embargo de cuentas y la retención de dineros.

El problema viene desde la administración del alcalde Enrique Cartagena, quien presentó en el año 2000 un acuerdo al Concejo Municipal para modificar el estatuto básico de la Empresa de Servicios Públicos de Melgar – Empumelgar, una forma de abrir la puerta a la participación de terceros a la empresa.   Eso se concreta después cuando la junta directiva de Empumelgar, en cabeza del ingeniero Cartagena, constituyó una sociedad comandita por acciones para involucrar un particular en la operación, mantenimiento y administración del sistema de acueducto con cargo a un plan de inversiones que nunca sucedió. El hoy representante Alejandro Martínez era el presidente del Concejo en el momento en que se viabilizó esa transformación.

El gerente de la época, Miguel Ñustes dijo ante el Concejo que la empresa era inviable y que ante la Superintendencia se había hecho un plan de mejoramiento para evitar la intervención, pero este plan en la práctica no se cumplió.  El estancamiento y las deficiencias en el servicio público desencadenaron huelgas y paros que marcaron esa administración conservadora.

El siguiente mandatario Moisés Carreño llegó y contrató al abogado Wilyam Jair Galarraga para que iniciara acciones con miras a anular los actos que crearon la nueva sociedad Hydros. Siendo asesor del alcalde, el abogado Galarraga no tuvo inconveniente en firmar un contrato en el que se establece el pago de honorarios “los cuales se liquidarán en la forma de cuota Litis en un porcentaje equivalente al 15% más el IVA de las sumas efectivamente reconocidas a favor del municipio, del valor de los bienes que se logren recuperar para el ente territorial”.

Pasaron dos administraciones más, la de Alejandro Martínez y Eduardo Tautiva, hasta que, en el año 2013, siendo alcalde Gentil Gómez, mediante una acción administrativa se logró que la Superservicios le devolviera esos bienes al acueducto y al alcantarillado, y la operación al municipio de Melgar. Meses después, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la nulidad de los actos que el Concejo había tramitado para la creación de la nueva Sociedad al considerarlos como ilegales.

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El abogado Galarraga alega que él fue quien presentó las demandas. Gentil Gómez asegura que eso es cierto, pero la empresa fue recuperada a través de la resolución de la Superservicios, o sea una situación administrativa, no judicial. Además, resalta que cuando le fallaron la Litis a Galarraga, la empresa ya estaba en manos del Municipio de Melgar hacia más o menos un año, luego entonces era un hecho superado cuando se falló la acción popular.

Galarraga se mantuvo y demandó ante el Tribunal Administrativo del Tolima para que se dirimiera la diferencia contractual.  En abril de 2018, el Tribunal ordenó remitir el proceso a la Cámara de Comercio de Ibagué, ya que en la cláusula décimo tercera del referido contrato se pactó como mecanismo de solución de controversias contractuales, acudir obligatoriamente a la designación de un árbitro de la Cámara de Comercio de Ibagué. El 18 de junio de 2018 el abogado solicitó la convocatoria del Tribunal de Arbitramento y después de las diferentes audiencias y revisar las pruebas, profirió laudo arbitral el 12 de marzo de 2019.

En mayo de 2019 se interpuso un recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral, pero el Consejo de Estado lo negó argumentando que fue el propio Municipio de Melgar quien pactó la cláusula para acudir al tribunal de arbitramento.

El actual alcalde Agustín Manrique dice que este es un problema heredado y que ha hecho hasta lo imposible por no pagar porque le parece un robo y una injusticia contra la alcaldía de Melgar.

Asegura que el error más grande cometido es que siendo alcalde Miguel Parra, en marzo de 2018, se haya propuesto una excepción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, argumentando falta de competencia y solicitado el cumplimiento de la cláusula compromisoria para que la pelea fuese resuelta ante el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Ibagué.

El mandatario de Melgar dice que en este caso hubo muchas cosas irregulares como adulteración de documentos, y por eso hay una denuncia penal. Por ahora, no todas las cuentas de Melgar están embargadas y la Alcaldía sigue funcionando normalmente, mientras se conoce el resultado del recurso de apelación contra la medida cautelar decretada sobre las cuentas del Municipio.

Lo bueno del laudo arbitral es que en plena época preelectoral ha despertado la controversia sobre quién va a responder por esos casi $5.000 millones que se van tener que pagar de recursos del municipio por este millonario pleito al afortunado abogado Willyan Jair Galarraga.