La discusión sobre el futuro financiero de Cajamarca sigue generando tensión política. El proyecto con el que se busca someter al municipio a la Ley 550, mecanismo de reestructuración de pasivos, ha despertado cuestionamientos dentro del Concejo Municipal y entre algunos sectores de la comunidad, especialmente por las facultades que podrían ser otorgadas al alcalde Camilo Valencia.

Sin embargo, el burgomaestre salió al paso de las críticas y aseguró que dichas facultades no obedecen a una intención personal ni a un “capricho” de su administración, sino que hacen parte de los requisitos establecidos dentro del proceso para avanzar en una eventual reestructuración financiera.

“Esto no es una petición mía, es una necesidad del municipio”, sostuvo Valencia, al advertir que Cajamarca enfrenta una deuda superior a los $43 mil millones y que los intereses mensuales de esas obligaciones superan los $300 millones.

La situación, según el alcalde, obliga a tomar decisiones que podrían marcar el rumbo financiero del municipio durante los próximos años.

Uno de los principales cuestionamientos al proyecto está relacionado con las facultades para solicitar créditos y con la posibilidad de disponer de bienes fiscales. Frente a esto, Valencia aseguró que esas herramientas están contempladas dentro del modelo exigido para este tipo de procesos y que no significan que el alcalde pueda vender bienes o endeudar al municipio de manera arbitraria.

El mandatario explicó que, en el caso de los bienes, estos podrían ponerse a disposición dentro de una eventual negociación, pero cualquier decisión estaría sometida a los procedimientos y autorizaciones correspondientes.

Además, señaló que la posibilidad de acceder a créditos tendría como objetivo garantizar el funcionamiento y la atención de necesidades estratégicas de la administración, especialmente en escenarios donde los recursos disponibles no sean suficientes mientras se cumple con los compromisos derivados de la reestructuración.

La Corporación Municipal será la encargada de tomar una decisión definitiva sobre el proyecto, en medio de un debate que ha dejado en evidencia diferencias políticas y distintas posiciones frente al alcance de las facultades solicitadas.

Valencia Agudelo aseguró que respeta las posturas de los concejales, incluidos los sectores de oposición, y consideró que el debate es necesario para resolver las dudas de la ciudadanía.

“Yo tengo el mayor respeto por la corporación y por los concejales. El debate es sano y toda opinión crítica también es bienvenida”, manifestó.

No obstante, insistió en que el municipio necesita avanzar en una solución, pues mientras se prolonga la discusión, la deuda continúa generando intereses.

Asimismo, dejó claro que el proceso podría extenderse durante varios años y que, incluso, podría ser otro mandatario quien finalmente tenga que asumir la ejecución de un eventual acuerdo de reestructuración.

Pero quizá la advertencia más fuerte del mandatario estuvo dirigida hacia el futuro político de Cajamarca.

Además, aseguró que quienes aspiren a llegar a la Alcaldía deberán construir sus programas de gobierno sobre la realidad financiera del municipio y no sobre promesas que posteriormente sean imposibles de cumplir.

Según explicó, si Cajamarca entra formalmente en un proceso de reestructuración, los futuros gobiernos tendrán que respetar los compromisos adquiridos y priorizar el pago de las obligaciones establecidas en el acuerdo.

“Van a tener que conocer la realidad presupuestal, las fuentes de ingresos y los compromisos a futuro. No se puede hacer un programa de gobierno lleno de promesas que estén por fuera de la realidad de lo que significa el presupuesto”, advirtió.

El alcalde fue aún más allá y cuestionó las decisiones de anteriores administraciones que, según él, llevaron al municipio a la actual crisis.

Afirmó que Cajamarca tendrá que asumir durante los próximos años las consecuencias de decisiones tomadas por gobernantes que comprometieron recursos y generaron obligaciones que hoy pesan sobre las finanzas municipales.

El panorama, según Valencia, es complejo: mientras Cajamarca tiene múltiples necesidades de inversión, una parte importante de sus esfuerzos financieros podría terminar destinada al pago de una deuda que, de no ser controlada, seguirá creciendo.

Ahora, la pelota está en la cancha del Concejo Municipal. La decisión que adopte la corporación no solo definirá el futuro inmediato del proyecto de Ley 550, sino que podría marcar las prioridades económicas y políticas de Cajamarca durante los próximos años.