La presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el municipio de Ataco fue solicitada por la Gobernación del Tolima tras las denuncias sobre la presunta instrumentalización de menores de edad en asonadas contra la Fuerza Pública durante operativos contra la minería ilegal en la zona.

La directora de Derechos Humanos del departamento, Lina Sandoval, rechazó la participación de niños y adolescentes en estos hechos y pidió a las familias asumir su responsabilidad en la protección de los menores.

“Es lamentable que pongamos la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes en peligro. No hay excusa, no hay justificación”, afirmó la funcionaria, quien además señaló que los menores “no pueden ser instrumentalizados” en medio de este tipo de confrontaciones.

Sandoval indicó que la prioridad es verificar la situación de los menores y establecer su procedencia, evitando especulaciones sobre si pertenecen al municipio, a comunidades indígenas o incluso a otros departamentos. Según explicó, esa labor debe ser liderada por el ICBF como entidad garante de los derechos de la niñez en Colombia.

“Aquellos niños están actuando bajo la influencia de sus tutores o padres”, sostuvo.

Desde la administración departamental se anunció acompañamiento institucional junto con la Fuerza Pública y las secretarías de Inclusión e Interior para velar por la protección de los derechos humanos y evitar nuevas situaciones que pongan en riesgo a la población infantil en medio de los operativos.