La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre Sandra Liliana García Cobas, actual secretaria de Infraestructura y Hábitat del Tolima, al ordenar la apertura de una investigación disciplinaria por contratos relacionados con proyectos de gas en el municipio de Ortega.

García no solo ejerce hoy el cargo en la administración de la gobernadora Adriana Magali Matiz, sino que también lo ocupó durante el gobierno de Ricardo Orozco, periodo en el que, según el ente de control, se habrían presentado los hechos que ahora son materia de investigación.

Así lo conoció Ecos del Combeima en un documento, donde también figura la exsecretaria Claudia Paola Muñoz Barreto, quien igualmente estuvo al frente de esa dependencia.

El expediente incluye además a entonces directivos y supervisores, así como a representantes legales de empresas y consorcios vinculados a los contratos, entre ellos Energy Gas S.A.S. E.S.P., el Consorcio Intergas Ortega y el Consorcio Engycon.

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La actuación disciplinaria se originó en una queja ciudadana en la que se advierte una posible vulneración a los principios de la contratación estatal durante la ejecución de los convenios de asociación 1535 de 2021 y 2046 de 2023, además de presuntas fallas en la supervisión e interventoría.

No obstante, según esta versión conocida por este medio, la obra física del proyecto de gasificación en Ortega estaría ejecutada en su totalidad, pero su entrada en operación dependería de la definición y certificación de tarifas por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y del Ministerio de Minas y Energía, requisito legal indispensable para que el operador pueda prestar el servicio.

En ese sentido, se advierte que la infraestructura no habría podido ser puesta en funcionamiento ni liquidada contractualmente debido a la falta de dichas autorizaciones, lo que habría generado la suspensión del proyecto mientras se surtían los trámites ante las entidades nacionales.

Incluso, se sostiene que durante varios años se habrían realizado solicitudes y gestiones ante las autoridades competentes para avanzar en este proceso, el cual se habría visto afectado por la falta de comisionados en la CREG, situación que habría impedido la aprobación de tarifas y retrasado la entrada en operación del sistema.

De acuerdo con la misma versión, recientemente se habría notificado la expedición de dichas tarifas, lo que permitiría avanzar hacia la puesta en marcha del servicio, aunque previamente el operador tendría que realizar ajustes técnicos a la infraestructura debido al tiempo en que ha permanecido sin uso.

Según el auto de apertura, la Procuraduría busca establecer si las conductas denunciadas constituyen falta disciplinaria.