En medio de los cuestionamientos por el avance de la minería ilegal en Ataco, el Gobierno Nacional salió en defensa de su gestión y aseguró que las acciones contra este fenómeno no pueden ejecutarse de forma inmediata.

Así lo manifestó el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Andrés Baquero Maldonado, durante el debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, donde respondió a las críticas de autoridades regionales sobre la falta de resultados contundentes.

“Planear una operación no se hace de la noche a la mañana”, afirmó el funcionario, al explicar que cada intervención requiere procesos previos de investigación, análisis y estructuración operativa.

Según detalló, estos procedimientos buscan garantizar que los operativos se desarrollen sin afectar a la población civil y sin poner en riesgo a los uniformados, en medio de contextos complejos donde confluyen economías ilegales y presencia de actores armados.

En esa línea, Baquero defendió que sí se han venido adelantando acciones en el territorio.

Explicó que en el último año se intervinieron 12 minas ilegales y que en lo corrido de este año ya se han realizado 18 operativos, además de capturas y destrucción de maquinaria utilizada en estas actividades.

El viceministro también resaltó el alto costo que implican estas intervenciones, señalando que una sola operación puede superar los 1.000 millones de pesos debido al despliegue logístico, que incluye personal y apoyo aéreo.

Las declaraciones se dan en un escenario de creciente presión desde el sur del Tolima, especialmente desde Ataco, donde autoridades locales han advertido sobre la expansión de la minería ilegal y han pedido una respuesta más rápida y contundente del Gobierno Nacional.