Un juez administrativo de Ibagué admitió una acción popular presentada contra el Municipio de Carmen de Apicalá, en la que se denuncian presuntas fallas estructurales en la atención y protección de animales en condición de calle.

La demanda fue interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García, quien sostiene que en esta localidad existe una amplia población de caninos y felinos en estado de abandono, sin garantías mínimas de alimentación, atención médica y protección.

Según el documento, la problemática no solo se concentra en zonas urbanas, sino también en áreas rurales, donde —afirma— la proliferación de animales en condición de calle se ha incrementado por la falta de acciones sostenidas por parte de la administración municipal.

Entre los principales señalamientos, el accionante advierte la inexistencia de una política pública de protección y bienestar animal, así como la falta de un censo actualizado de la población de perros y gatos en abandono.

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De igual forma, expone presuntas falencias en la ejecución de programas de esterilización y vacunación, los cuales —según indica— se realizan de manera esporádica y no cubren la totalidad de la población animal.

La acción popular también pone de presente la ausencia de infraestructura adecuada para la atención de estos animales, como un coso municipal, un centro de bienestar animal o un centro de zoonosis, lo que —de acuerdo con la demanda— agrava las condiciones de desprotección.

Adicionalmente, se señala que fundaciones y refugios privados que atienden animales en el municipio no contarían con el apoyo suficiente por parte de la administración, pese a las solicitudes reiteradas que habrían realizado.

En la demanda se solicita, entre otras medidas, la realización de un censo de animales en condición de calle, la construcción y puesta en funcionamiento de un centro de atención animal, la ejecución de jornadas masivas de esterilización y vacunación, así como el fortalecimiento de campañas pedagógicas sobre tenencia responsable.