El alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez, aseguró que la administración municipal acatará el fallo de la Corte Constitucional que ordena tomar medidas para proteger a los estudiantes de una institución educativa afectada por bares y discotecas ubicados en sus alrededores.

La decisión fue adoptada en la sentencia T-003 de 2026, mediante la cual el alto tribunal amparó los derechos fundamentales de los alumnos de la Institución Educativa Técnica Martín Pomala – sede Camilo Torres, en el casco urbano del municipio.

El caso llegó a la Corte tras una acción de tutela presentada por el personero municipal, quien alertó sobre problemas de convivencia derivados del funcionamiento de establecimientos nocturnos en la zona, donde se han registrado riñas, ruido excesivo y afectaciones al entorno escolar.

Frente a esta orden, el alcalde señaló que el municipio ya había empezado a adoptar algunas medidas para regular el funcionamiento de estos establecimientos.

El mandatario explicó que la Alcaldía ha sostenido reuniones con propietarios de bares y que también se expidió un decreto para regular la venta de bebidas alcohólicas en el municipio.

“Sacamos un decreto donde prohibimos la venta de licor en todo el territorio del municipio hasta las 2 de la tarde todos los días hábiles”, señaló.

De acuerdo con el alcalde, la restricción aplica de lunes a viernes y busca contribuir a mejorar las condiciones de convivencia en el municipio.

Además de la regulación de horarios, la administración deberá avanzar en otras acciones ordenadas por la Corte, entre ellas la formulación de una normativa municipal para garantizar entornos escolares seguros y la implementación de una política de calidad acústica.

En ese proceso también se prevé convocar espacios de diálogo con comerciantes, comunidad y autoridades para definir medidas que permitan reducir el ruido, mejorar la convivencia y proteger a los estudiantes.

El alcalde reiteró que la administración cumplirá lo dispuesto por la Corte y adelantará las acciones necesarias para garantizar que el entorno de las instituciones educativas sea un espacio seguro para niños, niñas y adolescentes.