La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, defendió públicamente la inminente expedición de la resolución que crea un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el norte del Tolima, una iniciativa que ha generado reparos en el pasado por parte de la gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz.

A través de su cuenta de X, la funcionaria respondió a los cuestionamientos sobre la competencia del Gobierno Nacional en este tipo de decisiones y subrayó que los gobernadores no tienen facultad para ordenar el uso del suelo.

“Un Gobernador o gobernadora es jefe de la administración seccional y representante legal del departamento; el gobernador es agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica general. Los gobernadores no ordenan el uso del suelo”, señaló.

En su mensaje, Carvajalino sostuvo que, aunque ni la Nación ni los departamentos definen directamente el uso del suelo, el Gobierno sí tiene la responsabilidad de fijar determinantes de ordenamiento para proteger bienes colectivos.

“Nosotros declaramos las determinantes del ordenamiento, los alcaldes ordenan el suelo en virtud de las disposiciones constitucionales y legales”, afirmó.

La ministra también cuestionó la oposición de algunos mandatarios regionales a este tipo de medidas, lo que fue leído como un dardo para Matiz.

“Por qué entonces tanta oposición de algunos gobernadores a las determinantes para proteger los suelos agropecuarios, esencia de la soberanía alimentaria, incluso en contra de la voluntad de los alcaldes?”, expresó, y agregó: “Que los interés económica no impidan proteger la vida!”.

Las declaraciones se conocen luego de que este miércoles, en Chaparral, la ministra anunciara que el Gobierno Nacional expedirá la resolución que materializa la creación del APPA en municipios del norte.

El anuncio se dio durante la visita del presidente Gustavo Petro al sur del Tolima, en el marco del acto de formalización de la Zona de Reserva Campesina, al que también asistió la gobernadora Matiz.

La creación del APPA ha sido respaldada por organizaciones campesinas y sectores sociales, pero también ha despertado críticas desde algunos escenarios políticos, que advierten posibles efectos sobre el uso del suelo y la autonomía territorial.