En diálogo con Econoticias, la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, se refirió a las acciones que viene adelantando la autoridad ambiental en el Tolima para enfrentar la minería ilegal, una problemática que se ha intensificado especialmente en el sur del departamento, con mayor impacto en el municipio de Ataco.

La funcionaria explicó que las actividades mineras que cuentan con permisos ambientales cumplen con planes de manejo y compensación, “los usuarios de este tipo de recursos naturales que tramitan los permisos ambientales, en este caso una licencia ambiental, construyen sus planes de manejo y además compensan las afectaciones que deriva este tipo de actividades a los recursos naturales. Realizan sus actividades de manera lícita y legal”, señaló.

No obstante, advirtió que existen zonas donde la situación se ha desbordado, “existen lugares, especialmente en el sur del Tolima y de mayor magnitud en el municipio de Ataco”, donde se vienen presentando actividades de minería ilegal.

Alfonso recordó que Ataco es un territorio con tradición minera artesanal, “es un municipio que tradicionalmente realiza actividades de minería artesanal que se hace sin el uso de ningún tipo de elemento que afecte el recurso natural, específicamente el recurso hídrico; es la minería que se hace prácticamente con las manos”, sin embargo, precisó que esta práctica “se ha desbordado sustantivamente”.

Frente a este panorama, la directora fue enfática al señalar que la entidad ha intensificado las acciones de control, “en Cortolima hemos hecho varios operativos de control y vigilancia a esta actividad minera ilegal, por supuesto en articulación con otras entidades que son fundamentales en este tipo de acciones como el Ejército, la Policía Metropolitana del Tolima, la Fuerza Aeroespacial, los municipios, los alcaldes y, en general, todas las entidades que tienen una responsabilidad en este tipo de situaciones”.

Detalló que en el sur del Tolima existen actualmente ocho licencias ambientales vigentes, principalmente en Ataco, que son objeto de seguimiento permanente, “algunas de material de arrastre y otras de material de oro. Estas actividades son legales”, aclaró.

No obstante, producto de las labores de control, Cortolima ha abierto un número significativo de procesos sancionatorios, “aperturamos más de 75 procesos sancionatorios en esta zona del sur del Tolima, derivados de actividades de minería, bien sea porque los licenciados incumplen con sus actividades o planes de manejo o porque es minería ilegal”.

La directora también enumeró los operativos adelantados recientemente, entre ellos acciones en la vereda Mesa de Polo, en Ataco, el 4 de julio de 2025; el 12 de agosto en la vereda Pueblo Nuevo; el 11 de septiembre en la vereda Apone; el 25 de septiembre en Pueblo Nuevo y Hato Viejo, en Chaparral; y el 17 de noviembre en el sur de Ataco.

Según Alfonso, en algunos de estos procedimientos se han presentado dificultades por la reacción de la comunidad, “en los operativos realizados en Ataco, generalmente la comunidad realiza asonadas que impiden a la Policía el decomiso o la destrucción de la maquinaria, motores y todos los elementos que se usan y que afectan de manera irreversible los recursos naturales”.

Ante la magnitud del problema, Cortolima elaboró un informe diagnóstico, “preparamos en octubre un informe diagnóstico de las acciones de Cortolima en estos hechos en Ataco, que desborda la capacidad regional y requiere de acciones integrales del Estado”, documento que fue remitido a la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ambiente, la Fiscalía, los alcaldes y la Gobernación del Tolima.

Finalmente, la directora anunció nuevas acciones interinstitucionales, “vamos con la gobernadora a hacer un sobrevuelo en Ataco para revisar ese tipo de afectaciones y verificar cómo se ha extendido y está afectando los recursos naturales y la seguridad”, y destacó que “el 9 de diciembre se hizo un consejo de Conaldef, de allí han venido ocurriendo una serie de acciones”, entre ellas la designación de una fiscal encargada del tema y recientes operativos de la Policía que permitieron la destrucción de siete retroexcavadoras.