El presidente de la Asamblea Departamental, Julián Gómez, dio a conocer que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, adelantó un auditoria con el fin de verificar los pagos parafiscales que se le han adeudado desde el año 2016, arrojando que se tendría una deuda aproximada a los $30 millones de pesos incluyendo los intereses.

El diputado señaló que “en la auditoría se encontró que la Asamblea Departamental del Tolima de años anteriores debe unos valores del pago de unos monumentos salariales de los diputados”, teniendo en cuenta que la duma debe cumplir con las obligaciones sobre la nómina con el ICBF, el SENA, la ESAP y otras empresas.

Es así como después de recibir los resultados de la auditoria, se llevó a cabo la firma de las actas donde se dio un tiempo aproximado de 30 días para hacer los pagos correspondientes y posteriormente poner en conocimiento de la Contraloría la realización de los mismos”.

El presidente señaló que al revisar las obligaciones que tiene la Asamblea, se tiene todo al día, pero hizo falta el pago a la entidad que realizó la auditoría, por lo que ahora se tiene que “buscar el presupuesto para hacer la realización del pago”, explicando que la responsabilidad de los anteriores presidentes no las reconoce toda vez que no es el ente encargado, destacando que lo que debe hacer es solucionar el inconveniente.

En cuanto a la auditoría, Gómez dijo que se hizo para los años 2016, 2017 y 2018, para un total de $20 millones, sumando los intereses para una suma aproximada a los $30 millones, resaltando que “nosotros en lo que hemos venido revisando se tiene como tal la disponibilidad de los recursos, se hizo la separación de presupuesto del mismo, pero no sabría decir por qué razón no se realizó los pagos”.

De igual forma explicó que quienes se vieron implicados en la auditoria fueron los presidentes desde el 2016, Milton Restrepo, Jorge Duque, Alejandro Martínez, Martha Amaya, Edwin Berrio y Orlando segura.

Ahora el actual presidente deberá hacer el pago así no sea de su resorte ya que de no hacerlo se generarían más intereses y tendría que responder por los mismos”, agregando que “por el pago que estamos haciendo de un recurso que no teníamos presupuestado este año, tenemos que darlo a conocer a la Contraloría, al Gobierno Nacional y Departamental”.