La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años al exregistrador seccional de la Oficina de Instrumentos Públicos de Honda, José Camilo Escobar Flórez, por actuar como litigante en procesos ejecutivos pese a desempeñar funciones públicas.

Según el ente de control, se pudo demostrar que el exfuncionario ejerció simultáneamente como registrador y apoderado del Centro Comercial Panamá ante varios juzgados civiles de Bogotá, para realizar el cobro de cuotas de administración de esa propiedad horizontal con el fin de recuperar la cartera morosa.

Frente a esas actuaciones según el Ministerio Público, Escobar incumplió la normativa que busca garantizar la moralidad y transparencia del ejercicio de la función administrativa, y desconoció la causal de incompatibilidad establecida en el numeral 1°, artículo 29, de la Ley 1123 de 2007, que le imponía su cargo para ejercer el litigio.

La Procuraduría Regional del Tolima calificó la falta del disciplinado como gravísima a título de dolo, por considerar que el comportamiento cuestionado afectó la imagen de la administración pública y generó desconfianza en la ciudadanía, respecto a los comportamientos éticos que deben mostrar los servidores públicos.

La decisión de primera instancia quedó en firme por cuanto la defensa del exregistrador no interpuso recurso de apelación.