Tras el terremoto del 10 de agosto, que dejó 130 personas fallecidas, 94 desaparecidas, 1.485 heridas y 15 edificios colapsados en el Valle del Cauca, se hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que implementen, sin más demora, las siguientes medidas:

-Censo unificado de damnificados, como primer paso indispensable, que discrimine propietarios y arrendatarios, en inmuebles residenciales, comerciales e institucionales, educativos, de salud, comunales, entre otros.

-Giro inmediato de subsidios de arrendamiento, por un periodo mínimo de un año, para las familias afectadas, con especial atención a las comunas más golpeadas por el sismo: comuna 5, comuna 18, comuna 17, comuna 11, comuna 9, comuna 2 y comuna 19, así como para las familias que hoy se encuentran dispersas en casas de familiares y amigos. Adicionalmente, se solicita a la Gobernación del Valle del Cauca, a la SAE y a la Alcaldía de Cali que informen cuáles predios desocupados, con situación jurídica saneada y en condiciones adecuadas, están disponibles para alojar temporalmente a las familias afectadas, ante el alza desbordada de los precios de arrendamiento y la escasez de oferta que hoy vive la ciudad.

-Medidas tributarias urgentes: congelamiento de arriendos, congelamiento de los créditos de los damnificados, y congelamiento unificado del impuesto predial y del ICA. Se solicita además a la Gobernación del Valle del Cauca congelar el impuesto de vehículos automotores, las estampillas, incluida la estampilla pro desarrollo,  y demás contribuciones que hoy siguen gravando a los afectados.

-Pago directo de las ayudas a las cuentas bancarias de los afectados, sin intermediación de ONG ni de terceros.

-Plazo máximo para el pago de las ayudas: 20 de agosto, es decir, diez días después de la tragedia. No hay justificación para más demoras.

-Subsidio a la nómina para pequeños empresarios y emprendedores que perdieron sus negocios en el sismo.

-Creación de un comité de veeduría integrado por los propios afectados, que fiscalice que las ayudas anunciadas efectivamente se hayan entregado.

-Que el Alcalde de Cali radique ya ante el Concejo Distrital los decretos para las exenciones tributarias de tasas, impuestos y tributos locales a viviendas y comercios afectados.

-Inspección técnica inmediata de edificaciones, para determinar cuáles son recuperables, habilitables o deben ser demolidas. Se exige habilidad especial para los casos en que familias no pueden ingresar a sus viviendas, aunque no estén en riesgo de colapso, por falta de aval de Gestión del Riesgo.

-Medidas de control frente a la especulación inmobiliaria, para evitar el alza injustificada de arriendos y materiales de construcción.

-Trabajo articulado con EMCALI y el Gobierno Nacional: se solicita formalmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que exija a EMCALI que, una vez evaluados los predios afectados por el sismo, se suspenda el cobro de los servicios públicos a esos usuarios hasta el 31 de diciembre de 2026.

-Plan de trabajo de EMCALI para inspeccionar redes de acueducto y alcantarillado, así como el estado de los postes de alumbrado público tras el sismo.

-Rendición de cuentas sobre los recursos privados anunciados para la reconstrucción, incluidos los mencionados por la Alcaldía en relación con la familia Gilinski: en qué cuentas se manejan, bajo qué mecanismos y con qué veeduría ciudadana.

-Cifras públicas y verificables sobre las ayudas recogidas y entregadas: cuántas, a quiénes y en qué condiciones.

Se insiste en que estas medidas deben implementarse con trazabilidad y transparencia totales, de manera que cada recurso, cada subsidio y cada decisión pueda ser objeto de veeduría ciudadana, empezando por el comité de afectados que aquí se propone, dijo el senador Ocampo.