La reciente aprobación de un polémico acuerdo en el Concejo de Melgar, que abre la puerta a la instalación de fotomultas en la vía que conecta con Bogotá, ahora pone la mirada en la Gobernación del Tolima: ¿hará uso la mandataria departamental de la figura de revisión constitucional y legal para frenar la iniciativa?

Y es que la ley le otorga a los gobernadores la facultad de remitir los acuerdos municipales a los Tribunales Administrativos cuando consideren que estos podrían ser contrarios a la Constitución o a la normatividad vigente.

El debate surge luego de que el alcalde de Melgar, Francisco Bermúdez, lograra la aprobación de un proyecto de acuerdo que contempla la creación de una sociedad de economía mixta para apoyar la gestión de la Secretaría de Movilidad.

En la práctica, esto permitiría implementar sistemas de fotodetección en la vía nacional hacia Bogotá.

La iniciativa avanzó pese al rechazo de conductores, sectores políticos y ciudadanos, que han cuestionado tanto el fondo como la forma del proyecto. Según lo conocido, el modelo plantea que un aliado privado aporte el 100 % del capital inicial, mientras el municipio tendría una participación mínima del 45 %, lo que para sus críticos representaría una posible tercerización.

La votación en el Concejo fue ajustada y no estuvo exenta de controversia.

El proyecto salió adelante con el respaldo de seis concejales, frente a cinco votos en contra. Sin embargo, la ausencia de dos cabildantes del Partido Conservador terminó siendo determinante para inclinar la balanza. A esto se suma el voto favorable de un concejal liberal que, según versiones, habría ido en contravía de la ley de bancadas.

En medio de la discusión, también se conoció que el exprocurador judicial Miguel Ángel Ñustes solicitó a la Procuraduría acompañamiento preventivo durante el trámite del proyecto, advirtiendo sobre su “especial trascendencia institucional, administrativa, jurídica y patrimonial”.

Los cuestionamientos no son menores. Entre las preocupaciones planteadas está la posible entrega de funciones, recursos, información y operación de la Secretaría de Movilidad a una estructura mixta, así como la eventual falta de estudios técnicos, jurídicos y financieros que respalden la decisión.

Con este panorama, la atención se centra ahora en la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien tiene la potestad de evaluar el acuerdo y decidir si lo envía al Tribunal Administrativo para su revisión.

De hacerlo, se abriría un nuevo capítulo jurídico que podría frenar o ratificar la implementación de las fotomultas en este corredor vial.