La Comisión Séptima del Senado de la República aprobó en tercer debate el Proyecto Ley Jineth Bedoya.

Con esta decisión, el Congreso avanza de manera decisiva en saldar una deuda histórica con las mujeres colombianas al cumplir la orden impartida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Bedoya Lima vs. Colombia.

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en los actos de tortura, secuestro y violencia sexual sufridos por la periodista Jineth Bedoya en el año 2000, y ordenó la creación de un plan de capacitación permanente y obligatorio para que los funcionarios encargados de proteger a las mujeres cuenten con las herramientas para hacerlo sin estereotipos, sin prejuicios y sin revictimización. Esta ley es la materialización de esa orden.

La representante Cathy Juvinao, autora de la iniciativa, señaló: "Lo que le pasó a Jineth Bedoya no le pasó solo a ella. Le pasó a miles de mujeres que en este país han tenido que cargar con el dolor de haber sido abusadas, torturadas, violadas y asesinadas por el solo hecho de ser mujeres... y las que sobreviven, cuando se atreven a buscar justicia, encuentran algo peor que el silencio: se estrellan con un sistema que las culpa, que las ignora y las hizo revivir su tragedia una y otra vez, como si el crimen del que fueron víctimas no fuera suficiente castigo".

El texto aprobado, bajo la ponencia de las senadoras Norma Hurtado Sánchez, Nadia Blel Scaff y Martha Peralta Epieyú, introduce transformaciones estructurales en la función pública: crea el Comité de Coordinación e Implementación de Procesos de Capacitación y No Revictimización contra las Mujeres, presidido por la Defensoría del Pueblo; extiende la obligación de capacitación a los contratistas por prestación de servicios que atienden directamente a las víctimas, cerrando así la principal brecha de impunidad administrativa; incorpora un enfoque diferencial y étnico y establece responsabilidad disciplinaria para quienes incumplan, incluida la acción de repetición contra funcionarios responsables de revictimización cuando el Estado sea hallado culpable u obligado a conciliar con las víctimas.

Construida con más de 30 congresistas, 13 entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil, esta ley llegará a su debate final en próximas semanas en la plenaria del Senado con lo que se espera sea un respaldo político unánime de todos los partidos. 

“Hoy tengo la posibilidad de dejar una ley y esa va a ser mi real justicia. El Congreso tiene la posibilidad de cambiar esta historia de violencia que tantas mujeres hemos tenido que enfrentar”, afirmó Jineth Bedoya, quien concluyó con su intervención en la aprobación del proyecto.