Un nuevo escándalo sacude al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a causa de millonarias contrataciones dentro de la prohibición de la ley de garantías, denunció la representante a la Cámara y candidata al Senado, Jennifer Pedraza.

Según la parlamentaria, se suscribieron más de 90 contratos por un valor superior a $121.269 millones, pese a la prohibición de contratar que rige cuatro meses antes de las elecciones presidenciales. 

La congresista, dijo que el ICBF solicitó una prórroga para culminar procesos contractuales que ya estaban en curso y que no pudieron cerrarse a tiempo por fallas en la plataforma SECOP II. 

Esa autorización, explica Pedraza, era legal y tenía un alcance específico: permitir la finalización de procesos previamente iniciados.

Advirtió que, una vez concedido el plazo, la entidad habría aprovechado para celebrar nuevos contratos mediante la modalidad de contratación directa, por un total de $121.269.776.424,10, actuaciones que no estarían amparadas por la excepción otorgada. 

De acuerdo con la información recopilada por Pedraza, Colombia Compra Eficiente, administradora de la plataforma SECOP II, autorizó continuar únicamente los procesos ya iniciados, “no iniciar procesos nuevos ni perfeccionar contratos inexistentes o incompletos en periodo prohibido”. 

Pese a ello, la directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, habría autorizado la suscripción de dichos contratos. Incluso, en reuniones y comunicaciones internas se habría reconocido que varios procesos no se cerraron oportunamente por responsabilidades atribuibles a la propia entidad, situación que generó inconformidad entre organizaciones contratistas y obligó a convocar reuniones de emergencia para definir cómo proceder.

Alertó que, a pesar de los contratos suscritos en ese periodo, el ICBF no logró completar toda su contratación. Por esa razón, abrió posteriormente una invitación pública cercana a $47 mil millones para la entrega de alimentos en 54 zonas del país, varias de ellas entre las más vulnerables. 

“Más que una falla tecnológica, lo que vemos es un cierre contractual improvisado en plena Ley de Garantías, algo que debe ser investigado a fondo”, afirmó la congresista. 

Ante estos hechos, Pedraza solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República iniciar las investigaciones correspondientes y, de encontrar méritos, adelantar los procesos disciplinarios y fiscales a que haya lugar.