Fallo del Consejo de Estado desmontaría argumento de Ibagué Limpia para no rendir cuentas
Un fallo de segunda instancia del Consejo de Estado, relacionado con un polémico caso en Barranquilla, podría dejar sin piso jurídico los reiterados argumentos del gerente de Ibagué Limpia, Milton Restrepo, para evitar rendir cuentas sobre el manejo de recursos públicos en esa empresa. (Ver más: Concejal Rosas denuncia como “costumbre peligrosa” de los funcionarios no rendir cuentas claras ante el Concejo de Ibagué)
La decisión judicial de junio de 2025 tuvo como protagonista a Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), sancionado por autorizar pagos a una firma privada sin verificar la efectiva prestación de los servicios contratados.
El caso guarda similitudes con la situación de Ibagué Limpia. Al igual que ocurre en la capital tolimense, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. (Triple A) opera bajo un régimen de derecho privado, al estar constituida como una sociedad de economía mixta, con participación del Distrito de Barranquilla, un socio estratégico privado y otros accionistas particulares.
No obstante, el Consejo de Estado reiteró en su fallo que la naturaleza jurídica de este tipo de empresas tiene connotaciones públicas, especialmente por el manejo de recursos públicos.
“Desde ese punto de vista, las empresas de servicios públicos son entidades descentralizadas por servicios de la Rama Ejecutiva, por tal razón, la Corte Constitucional determinó que, las personas vinculadas a esas sociedades, son servidores públicos”, señala la sentencia.
El alto tribunal fue claro en advertir que, aunque los trabajadores de estas empresas tengan un vínculo de derecho privado, ello no los exime de responsabilidad disciplinaria cuando administran recursos públicos.
El caso, consultado con una fuente experta en este tipo de procesos, podría tener implicaciones directas para Ibagué Limpia, donde la Gerencia ha evitado entregar información detallada y rendir cuentas ante la ciudad, escudándose en la naturaleza mixta de la entidad.
Cabe recordar que Ibagué Limpia cuenta con una participación del 49 % de recursos públicos, provenientes de entidades como el IBAL, Infibagué, la Gestora Urbana y el Hospital San Francisco, lo que la ubica en una situación jurídica similar a la de Triple A.
“Según la normativa vigente, la administración de estos recursos otorga al gerente una responsabilidad especial frente al patrimonio ciudadano”, advirtió la fuente consultada.
Desde una perspectiva jurídica, explicó, el manejo de estos “dineros públicos” implica que las actuaciones de la gerencia no solo se rigen por el derecho privado, sino que están sometidas a los principios de transparencia y moralidad administrativa propios de la función pública.
De acuerdo con estimaciones, cerca de $4.704 millones de pesos anuales de patrimonio público ingresan a Ibagué Limpia. Por ello, a la luz del precedente del Consejo de Estado, la negativa de la Gerencia a revelar estados financieros y extractos bancarios ante el Concejo Municipal no sería una “reserva comercial”, sino, presuntamente, una obstrucción a la vigilancia fiscal de los recursos de los habitantes de Ibagué.
Así las cosas, la advertencia para Milton Restrepo es clara: quien administra una empresa con participación pública asume responsabilidades de carácter público.
¿Y el Concejo de Ibagué?
El antecedente judicial refuerza la legitimidad del Concejo de Ibagué para exigir rendición de cuentas a Ibagué Limpia, que en reiteradas oportunidades se ha negado a entregarlas alegando su naturaleza de capital mixto.
La exigencia cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la gestión de casi $4.700 millones anuales de origen público demanda control político efectivo.
A ello se suma una revelación hecha meses atrás por Ping Pong Político: una deuda acumulada que ascendería a los $10.000 millones de pesos con Infibagué. (Ver más: La historia no contada de la millonaria deuda de la que Ibagué Limpia no quiere hablar)
Según investigaciones de este medio, Ibagué Limpia habría suscrito múltiples créditos desde 2019 —incluidos préstamos por $5.000 millones solo en 2023—, obligaciones que hoy hacen parte de un pasivo manejado bajo reserva.
La controversia radica en que, mientras la Gerencia defiende su autonomía privada para no revelar información financiera, utiliza a Infibagué, una entidad pública, como su principal fuente de apalancamiento.
Para expertos en control político, este “préstamo entre socios” obliga al gerente Milton Restrepo a dar claridad inmediata, pues se trataría de una transferencia de riesgo financiero desde el municipio hacia una entidad que se niega a ser auditada, escenario que la Contraloría Municipal ya ha calificado como una posible obstrucción a la transparencia fiscal.
En ese contexto, crecen las voces que piden al Concejo de Ibagué llamar nuevamente a rendir cuentas a Ibagué Limpia, teniendo en cuenta que el argumento de “somos privados” fue desmontado por el Consejo de Estado. (Ver más: Alcaldesa Aranda se solidariza con Concejo Municipal por comentarios de Milton Restrepo)
“Ocultar los estados financieros del 49 % público o financiar guerras comerciales con las utilidades que le corresponden a la Alcaldía, al Hospital, a la Gestora Urbana y al IBAL, no solo es inmoral, es ilegal”, concluyó la fuente.
