El rifirrafe entre la gobernadora del Tolima y Petro por la crisis del PAE
La crisis del Programa de Alimentación Escolar (PAE) se convirtió en uno de los episodios más sensibles y polémicos del año en el Tolima. En agosto de 2025, la suspensión temporal del servicio, motivada por la falta de recursos para garantizar la atención de la totalidad de los beneficiarios, derivó en el más fuerte enfrentamiento político entre la gobernadora Adriana Magali Matiz y el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro.
El origen del conflicto fue una circular emitida por la Secretaría de Educación del Tolima, en la que se advirtió que los recursos asignados a los dos contratos del PAE en el departamento resultaban insuficientes para cubrir todo el calendario académico.
El documento alertó sobre la imposibilidad financiera de continuar con la prestación del servicio en las condiciones previstas, lo que encendió las alarmas en las comunidades educativas y generó un amplio rechazo social.
En ese contexto, el secretario de Educación del departamento, Andrés Bedoya, explicó públicamente que, pese a las gestiones adelantadas ante el Gobierno Nacional para lograr una incorporación adicional de recursos, no fue posible cerrar la brecha financiera que amenazaba la continuidad del programa. Según el funcionario, la situación obligó a tomar la decisión de suspender temporalmente el servicio mientras se buscaban soluciones.
La medida tuvo un impacto inmediato en miles de estudiantes de instituciones oficiales del Tolima y provocó una ola de críticas desde distintos sectores políticos y sociales.
Aunque varios días después se confirmó que el Programa de Alimentación Escolar volvería a operar en el departamento, la reactivación no logró apagar la controversia, que ya había escalado a un debate de alcance nacional.
La tensión aumentó con un fuerte pronunciamiento del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien responsabilizó directamente al Gobierno Departamental por la suspensión temporal del PAE, señalando fallas en la planeación y ejecución de los recursos. Las declaraciones del jefe de la cartera educativa profundizaron el cruce de señalamientos y marcaron un punto de quiebre en la relación entre la Gobernación del Tolima y la Casa de Nariño.
El argumento del Mineducación para señalar a la Gobernación fue que mientras el apoyo nacional pasó de $36.000 millones en 2022 a $60.000 millones en 2025, la Gobernación del Tolima que en años recientes destinó entre $10.000 y $15.000 millones a la fecha solo aportó $1.170 millones.
El dedo en la llaga la terminó de meter el presidente Gustavo Petro, quien lanzó fuertes cuestionamientos a la Gobernación del Tolima, durante una alocución del 2 de septiembre.
El mandatario aseguró que los recursos girados por la Nación para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no estarían cumpliendo con su propósito y se preguntó si estaban siendo utilizados para comprar votos.
En cuestión de horas, Matiz, salió al paso de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, y las calificó como "cálculos electorales".
La bola de nieve creció con la decisión de la Procuraduría de investigar lo sucedido con el PAE.
El ente de control evalúó denuncias públicas que señalan la persistencia de malas prácticas administrativas, altos costos por ración, disminución de aportes propios y deficiencias en la planeación que habrían afectado la continuidad y cobertura del programa, que en esa vigencia beneficiaba a cerca de 77.000 estudiantes.
A su vez, la discusión pasó de lo administrativo a lo político cuando diputados de oposición y de gobierno enfrentaron por este tema, en búsqueda de responsables.
Fue tan solo tras una reunión sostenida el 15 de septiembre en Ibagué con Sebastián Rivera, director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) y la gobernadora, que se anunció una inversión de $9.000 millones para garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Tolima hasta el final del calendario escolar 2025.
Fue así que, luego de un año marcado por tensiones entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Tolima, en diciembre de este 2025 comenzó el proceso de contratación para la operación del Programa de Alimentación Escolar en la vigencia 2026, el cual ya fue adjudicado.
Los documentos publicados en el SECOP II revelan que el Departamento abrió una licitación por $79.930 millones, cuyo objeto es “contratar la prestación del servicio de alimentación escolar en las instituciones educativas oficiales del Tolima para los estudiantes de la población regular o mayoritaria matriculados en los 46 municipios no certificados en educación”.
