En el marco de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la Contraloría General de la República anunció que realizará el seguimiento a la contratación pública y al gasto estatal durante el periodo electoral, en el marco de la Ley de Garantías Electorales, a través de la implementación del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, en virtud del control fiscal concomitante y preventivo.

Este es implementado por la Contraloría General a través de la DIARI, permite monitorear la contratación pública, la nómina estatal, la ejecución presupuestal, los subsidios y beneficios sociales en todo el país de manera técnica, continua y sistemática.

Su objetivo es prevenir el uso indebido de recursos públicos con fines electorales y consolidar la confianza ciudadana en las instituciones estatales. Para ello, integra bases de datos como SECOP I y II, el Registro Único de Aportantes y los sistemas presupuestales del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, facilitando la detección de patrones de riesgo e irregularidades que puedan afectar la transparencia y la equidad electoral.

A partir del 8 de noviembre de 2025, en el marco del control fiscal, la entidad empezó a monitorear que no se utilice la contratación a través de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos durante el periodo de restricciones electorales, alertando de manera temprana ante cualquier intento de realizar este tipo de acuerdos.

Asimismo, se hará seguimiento a los incrementos inusuales en contratos de servicios y a las transferencias excepcionales de recursos públicos a entidades locales, así como a la detección de contratistas inhabilitados por exceder los límites legales de financiación política. A partir del 31 de enero de 2026 iniciará el control sobre la contratación directa.

Desde septiembre de este año, la Contraloría ha venido aplicando el modelo analítico de seguimiento preventivo, lo que ha permitido caracterizar detalladamente la dinámica de la contratación pública y sus tendencias. Este monitoreo ha identificado picos significativos en la modalidad de contratos y convenios interadministrativos durante los meses de septiembre y octubre, lo que evidencia la importancia de la vigilancia continua en este periodo previo a las restricciones electorales.

De acuerdo con el seguimiento mensual realizado sobre convenios y contratos interadministrativos a nivel territorial y nacional para el presente año 2025, se observa un incremento significativo en el valor de la contratación registrada en SECOP durante los dos meses previos a la fecha de prohibición para la celebración de este tipo de contratos por motivo de la época electoral. Esta tendencia muestra que septiembre y octubre registran los montos más altos del periodo analizado, con valores que alcanzan los $4,0 billones y $3,5 billones, respectivamente.

Por otra parte, según el seguimiento mensual realizado a la contratación directa a nivel territorial y nacional durante el presente año, con base en la información registrada en SECOP, no se evidencian variaciones que llamen la atención y permitan encender una alarma por los valores más altos para esta modalidad de contratación que se registran en los meses de enero y febrero, alcanzando montos de $12,5 billones y $15,2 billones, respectivamente.                                 
 

Canales para denuncias ciudadanas en época electoral

Este modelo no busca sancionar, sino prevenir. La vigilancia oportuna es la mejor herramienta para proteger la legalidad, la equidad democrática y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

La Contraloría ha dispuesto diferentes canales para que la ciudadanía pueda reportar presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos desde cualquier parte del país: el Sistema de Información de Participación Ciudadana, la aplicación móvil CGRCOL la línea gratuita 199 y el portal web www.contraloria.gov.co.

Mediante la presente estrategia, la Contraloría General de la República consolida su función institucional como garante de la correcta administración de los recursos públicos, robusteciendo los mecanismos de rendición de cuentas y promoviendo el ejercicio efectivo del control ciudadano en uno de los periodos de mayor sensibilidad para la gestión estatal: el proceso electoral. La entidad refuerza así su compromiso con la vigilancia técnica, oportuna y preventiva, orientada a salvaguardar la legalidad, la transparencia y la equidad en el manejo de los fondos públicos.