“La ley mordaza es en realidad la ley del miedo”: Martín Orozco, gerente de Invamer

El gerente general de Invamer, Martín Orozco, calificó como una “ley del miedo” la norma recientemente aprobada en Colombia que limita la publicación de encuestas de intención de voto, en diálogo con Ecos del Combeima, el directivo aseguró que la medida genera un escenario de incertidumbre para los ciudadanos y afecta directamente la transparencia del debate electoral.
Orozco explicó que, si bien la ley no prohíbe del todo las encuestas, sí impone requisitos tan costosos en términos de muestra y segmentación que hacen inviable su financiación: “Para cumplir con lo que exige la norma habría que hacer cerca de 10.000 encuestas, algo imposible de pagar, eso nos impide entregar información periódica y detallada como lo hacíamos antes”, señaló.
El representante de Invamer precisó que esta limitación afecta no solo a los medios de comunicación y analistas, sino sobre todo a los ciudadanos, que se quedan sin referentes claros sobre la evolución de la opinión pública: “Lo que la ley está generando es un mundo de incertidumbre donde los colombianos no podrán informarse de lo que piensan sus compatriotas”, dijo.

Orozco también cuestionó la forma en que fue tramitada la norma, asegurando que se aprobó como una ley ordinaria cuando en realidad debía pasar por el procedimiento de ley estatutaria: “Fue votada a las carreras en el último día de sesiones, sin consultar a las firmas encuestadoras y con una redacción tan deficiente que genera inseguridad jurídica, incluso obliga a entregar datos individuales de los encuestados al Consejo Nacional Electoral, lo que es un riesgo para la privacidad”, advirtió.
En ese sentido, Invamer ya interpuso dos demandas y prepara una tercera contra la llamada “ley mordaza”; Para Orozco, detrás de esta iniciativa hay un claro conflicto de intereses: “Las impulsaron congresistas que aspiraban a la presidencia y que no marcaban en las encuestas, a mi modo de ver, la aprobaron por miedo a ser medidas”.
El gerente de la firma recordó que, mientras se despejan las dudas jurídicas en la Corte Constitucional, el vacío de información puede abrirle paso a la proliferación de encuestas falsas en redes sociales: “Nos vamos a quedar en manos de bodegas y de desinformación, cualquiera podrá publicar cifras sin sustento y la gente terminará creyéndolas, eso es lo más grave”, alertó.

Finalmente, Orozco insistió en que el mayor riesgo es que la ciudadanía quede desorientada en un contexto con más de cien aspirantes presidenciales y sin herramientas técnicas para medir sus opciones: “La única información que se exigía comprobar con ficha técnica era la de las encuestas serias, ahora quedaremos en un mar de incertidumbre donde prevalecerán la especulación y los rumores”, concluyó.