En medio del debate de control político a la empresa Celsia, citado por la concejal Silvia Cristina Ortiz Agudelo, quedaron al descubierto presuntas inconsistencias en el informe entregado por la compañía sobre la prestación del servicio de energía eléctrica en Ibagué. Ante este panorama, la cabildante solicitó al Presidente y al Secretario General del Concejo Municipal compulsar copia del debate y sus hallazgos a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), para que inicie un proceso formal de seguimiento a la operación de Celsia en la ciudad.

La solicitud se desprende del análisis realizado por Ortiz y su equipo técnico al informe presentado por Celsia el pasado 3 de julio, en respuesta al cuestionario formulado mediante la Proposición No. 050 de 2025. Según la concejal del Centro Democrático, el documento presenta “omisiones, errores, falta de soporte técnico y posibles vulneraciones a la Ley 142 de 1994, la Resolución CREG 015 de 2018 y el marco tarifario vigente”.

Uno de los puntos críticos abordados por Ortiz fue la forma en la que la empresa reporta los indicadores SAIDI y SAIFI, que miden la duración y frecuencia de las interrupciones del servicio. “Las gráficas no están desagregadas por territorio, lo que impide conocer cuáles son las zonas más afectadas en Ibagué. Esa falta de claridad afecta la planeación y la capacidad de exigir soluciones específicas”, aseguró.

Asimismo, la concejal denunció que Celsia ha corregido más de 1.200 facturas por errores, sin presentar informes internos o auditorías que justifiquen estas modificaciones, ni mecanismos de compensación efectiva a los usuarios perjudicados. “La calidad del servicio no se presume, se demuestra. Y hoy, con 236 quejas diarias los siete días de la semana, está claro que Celsia tiene mucho por mejorar”, añadió.

Ortiz también pidió verificar el comportamiento tarifario de los últimos dos años para confirmar si los aumentos o reducciones en el costo de la energía eléctrica están alineados con las normas regulatorias. En materia ambiental, criticó que la empresa no haya presentado indicadores específicos para Ibagué ni metas claras de impacto local.

En consecuencia, la cabildante exigió a Superservicios requerir a Celsia la entrega de soportes técnicos y financieros adicionales, emitir un concepto técnico independiente sobre la información reportada y compartir sus conclusiones con el Concejo de Ibagué.

Finalmente, propuso crear una mesa técnica de seguimiento conformada por la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo y la propia Superintendencia. Esta mesa tendría como objetivo verificar el cumplimiento del plan de inversión en infraestructura eléctrica, promover un programa de eficiencia energética con subsidios municipales y fomentar la educación de los usuarios sobre el consumo responsable.

“Celsia debe asumir un compromiso real con la ciudad, con planes concretos para reducir pérdidas, mejorar la calidad del servicio y generar confianza entre los ibaguereños”, concluyó Ortiz.