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IBAGUÉ - COLOMBIA, 15.Noviembre.2019
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  |   22.Agosto.2019   |   Por:  
Ecos del Combeima

Conozca si usted como contratista puede o no participar en política

Urna, elecciones 2019 Tolima
Crédito: 
Internet
El abogado Luis Felipe Aranzales explicó en Econoticias la normatividad vigente entorno a la participación de personas adscritas a una administración en los procesos electorales. Al igual analizó el porqué en otros países los funcionarios sí lo pueden hacer y no en Colombia.

Por estos días más de un contratista de las administraciones públicas busca de una u otra manera acomodarse políticamente para poder asegurar en los próximos cuatro años su futuro laboral.  

Lamentablemente en eso se ha convertido el manejo de las órdenes de prestación de servicios en lo público, al igual esto sucede para quienes deseen tener parte de la torta burocrática del municipio o departamento en cuestión. Pero esto también incide en la contratación de los asesores de los diputados y concejales, quienes estén en la campaña podrán disfrutar las mieles del poder.

Pero la gran pregunta es ¿Quiénes pueden y quiénes no en política?

El abogado Luis Felipe Aranzales explicó en Econoticias la normatividad vigente entorno a la participación de personas adscritas a una administración en los procesos electorales. Al igual analizó el por qué en otros países los funcionarios si lo pueden hacer y no en Colombia.

“Hay una diferencia importante en el tema de los serviciadores públicos de carácter directivo, para efecto de entender la participación en política, habrá que dejar claro que ellos  tienen derecho a elegir. Lo que les está prohibido es beneficiar políticamente a algún candidato”, indicó el abogado Luis Felipe Aranzales.

¿La ley en Colombia debería permitir que los funcionarios participen en política?

“Es un tema de conocimiento público, las maquinarias del gobierno saliente quiere poner el nuevo mandatario, frente a las normativas actuales en algunos países se permite, lo que no se puede viabilizar es que se utilicen los recursos y la infraestructura del Estado en favor de una campaña. Lo otro es que al decir públicamente un directivo por ejemplo el alcalde por quien va a votar eso pondría es desventaja los demás candidatos”; manifestó el jurista.

Habló del caso de la investigación a Cesar Picón:

“En el caso del secretario Cesar Picón al haber asistido al debate no quiere decir que este incurriendo en participación política porque no existen pruebas evidentes que se estuviera beneficiando a un actor político, pero lo que sí está probado y es cuestionable es que no estaba cumpliendo sus funciones en el horario laboral”, sostuvo Aranzales.

Según la Procuraduría en aplicación de las normas vigentes ningún servidor del Estado o particular que ejerza funciones públicas, salvo que esté autorizado legalmente, podrá participar en política ni realizar ninguna de las siguientes conductas:

Utilizar el cargo para favorecer o respaldar causas políticas de aspirantes a cargos de elección popular.

Usar su empleo como medio de presión sobre los ciudadanos para favorecer una determinada causa o campaña.

Hacer uso de la autoridad de la cual están investidos para ponerla al servicio de una causa política.

Usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo o realizar en cualquier sentido actividad política electoral.

Usar la capacidad contractual del Estado o sus instituciones para influir en favor de una causa política.

Emplear el tiempo de servicio u horario de trabajo para gestionar este tipo de intereses.

Exonerarse del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, con el pretexto de ejercer el derecho de participación en política.

Usar información reservada tomada de los archivos de la entidad pública a los cuales tiene acceso por razón de su cargo para actividades políticas.

Realizar o propiciar eventos o reuniones institucionales para patrocinar apariciones o causas de personas con aspiraciones electorales o políticas.

Presionar a particulares, subalternos o contratistas a respaldar una causa o campaña política, o influir en procesos electorales de carácter político partidista, o ejercer influjo sobre jurados de votación.

Ejercer sus competencias para inclinar de forma ilegítima la actuación de Estado a favor de una determinada corriente o movimiento político.

Hacer contribuciones financieras a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo los miembros de las corporaciones públicas de elección popular quienes podrán hacer aportes voluntarios (artículo 27 Ley 1475 de 2011).

Favorecer una causa política o presionar a otros a respaldarlas, por parte de particulares que ejerzan funciones públicas y/o manejen recursos públicos.

Emplear medios de comunicación oficial para promover causas políticas.

¿Los contratistas pueden participar en activismo político?

“La situación de los contratistas es diferente, incluso la Procuraduría se ha pronunciado, cuando se habla de asesores que cumplan funciones profesionales o técnicas no se considera que estén cumpliendo funciones públicas, las personas que cumplen funciones públicas tienen unas características diametralmente a las de un contratista que solo apoya la administración en el desarrollo de sus actividades. Por ejemplo los interventores cumplen funciones públicas y responden ósea que no puede participar en política”, puntualizó Aranzales.