El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, denunció que el 24% de los municipios del país está en alto riesgo de trashumancia electoral, de cara a las elecciones regionales que se realizarán el próximo 27 de octubre.
El jefe del Ministerio Público señaló que solo en 15 municipios se encontraron 105 mil cédulas inscritas en lo que correspondería a trasteo de votos, y de esa cifra 16.714 se encontrarían en Barranquilla; 12.606, en Soledad, Atlántico; 10.912, en Soacha, Cundinamarca; 9.306, en Cúcuta, y 7.519, en Floridablanca, Santander.
Entre los municipios que registran un mayor número de inscripciones atípicas de cédulas, Carrillo Flórez identificó a La Salina, Casanare, con un incremento de 325,64%; Urrao, Antioquia, con 122,98%; Palmar de Varela, Atlántico, con 153,62%; Labranzagrande, Boyacá, con 147,11%, y Pacho, Cundinamarca, con 187,89%.
Por departamentos, señaló que los que registran un mayor número de municipios en riesgo son Boyacá, con 56; Cundinamarca, con 40; Antioquia, con 35; Santander, con 21, y Norte de Santander, con 13.
Para el Procurador de los 32 departamentos del país, 27 presentan un alto riesgo de trashumancia electoral.
Hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie estas conductas ilegales porque, “si hay alguien que no es sólo la víctima, sino que lo convierten en el protagonista de este delito los mercaderes de votos en Colombia, es el ciudadano, y por eso los invito a acercarse a las procuradurías, la Fiscalía, las personerías y denunciar a esos mercaderes de votos”.
Agregó que el trasteo de votos es una de las prácticas más arraigadas en la patología de lo que sucede en las elecciones en Colombia, y “es el plato favorito de las organizaciones criminales dedicadas a la compra y venta de votos".
Carrillo Flórez anunció que la próxima semana presentará en Barranquilla una aplicación para que la ciudadanía denuncie cualquier tipo de publicidad ilegal que se presente en los municipios relacionada con publicidad ilegal, pasacalles, pendones y afiches, entre otros.
Igualmente indicó que se han realizado hasta el momento un total de 854 visitas para verificar el cumplimiento de la Ley de Garantías, además de la vigilancia a la participación de funcionarios públicos en política.
Finalmente, el jefe del Ministerio Público reiteró que está dispuesto a demostrar “que los delitos electorales, que se crearon en 2017, no pueden ser letra muerta, sino que la Procuraduría, conjuntamente con la Fiscalía General estará atenta a que se den las investigaciones y las sanciones a los delincuentes electorales”.