El pasado 12 de mayo, Liliana Soler denunció públicamente a su esposo, el exgobernador del Tolima Ricardo Orozco, por supuestamente amenazarla de muerte a ella y a su familia tras el descubrimiento de una presunta infidelidad del político. Soler apareció llorando en un video publicado en sus redes sociales, recriminando a Orozco, al punto de que esa misma noche varios agentes de la Policía hicieron presencia en su residencia para verificar la situación.

La semana anterior, la profesora Luz Miriam Sánchez, quien hacía parte del equipo político del concejal de Ibagué Giovanni Martínez, denunció en medios de comunicación una presunta agresión física por parte de Andrea Vásquez, esposa del cabildante. Sánchez la acusó de haberla maltratado y hostigado por diversas diferencias surgidas durante su ejercicio como contratista del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI). Entre ellas, manifestó su desacuerdo con la supuesta exigencia de coimas del 5 % a ella y a sus compañeros, aparentemente por parte del concejal, quien, según lo denunciado públicamente por Sánchez, tendría suficiente influencia en el manejo de la contratación de dicha entidad municipal.

Además de su actividad política, la cual pareciera haberse debilitado a raíz de estas denuncias, Orozco y Martínez tienen algo en común: han optado por el silencio frente a las acusaciones. Hoy, a un mes de los hechos que incluso alcanzaron repercusión en medios nacionales, Orozco ha guardado silencio. Por el contrario, ha continuado realizando eventos públicos, posando en fotografías y visitando comunidades, tal como lo hacía durante su actividad política habitual.

El concejal Martínez ha hecho lo propio. No solo ha mantenido activa su presencia en redes sociales, sino también su agenda política, en la que recientemente manifestó la “necesidad” de revivir las polémicas cabalgatas en la ciudad, actualmente prohibidas por un fallo del Tribunal Administrativo del Tolima.

Frente a este tipo de situaciones, William Benoit, creador de la teoría de la reparación de la imagen, sostiene que toda persona o institución señalada públicamente debe recurrir a mecanismos como la explicación, la corrección, la aclaración o la contextualización. A su vez, el académico Augustine Pang ha advertido que el silencio suele interpretarse como una estrategia dilatoria, evasiva u ocultadora y que, en muchos casos, termina siendo percibido por la opinión pública como una aceptación tácita de responsabilidad.

Esa apreciación podría parecer exagerada si los personajes mencionados no fueran dirigentes políticos que han ocupado, u ocupan actualmente, cargos de elección popular. Pero resulta especialmente relevante cuando ambos mantienen aspiraciones electorales futuras; Orozco quiere ser gobernador por segunda vez, y en el caso del concejal Martínez, existe el interés de dar el salto hacia la Asamblea Departamental.

Ni Orozco ni Martínez han pronunciado palabra alguna, ni siquiera para negar las acusaciones formuladas en su contra, y esa actitud los deja muy mal parados no solo ante sus electores, sino también frente a la ciudadanía en general. Los políticos y servidores públicos están llamados a mantener una conducta ejemplar y a responder con transparencia cuando surgen cuestionamientos de interés público, y en ambos casos el silencio termina siendo más ensordecedor que las mismas acusaciones, pues como decían las abuelas, generalmente el que calla otorga. 

Desde luego serán las autoridades competentes quienes determinen la responsabilidad de dichas acusaciones. Sin embargo, la decisión de no ofrecer explicación alguna a la ciudadanía frente a ese tipo de señalamientos de evidente interés público, dejan mucho que desear, máxime cuando hay la presunción de que se han cometido delitos, pero sobre todo, cuando en la época dorada de hiperconexión de las TIC, los políticos constantemente están generando y publicando información en sus redes sociales.