Es una herida que no pertenece solo a las familias de los magistrados, empleados, visitantes y soldados que murieron allí; es una fractura histórica, política y moral que marcó para siempre la relación de los colombianos con el Estado, con la justicia y con la idea misma de legitimidad democrática.

La toma y retoma del Palacio de Justicia no fue una gesta, ni un acto heroico, ni mucho menos una genialidad. Fue una tragedia causada por dos fuerzas que creyeron que la razón se defendía con violencia. Por un lado, el M-19 decidió convertir el máximo tribunal del país en un escenario de guerra, político, violento y despiadado, donde las vidas humanas se volvieron fichas de negociación. Por el otro, un Estado que respondió con fuerza desmedida y desproporcionada.

Decir que los guerrilleros del M-19 fueron una especie de héroes y que hoy se ondeen banderas con su imagen, son acciones provocadoras que no corresponden a un hecho de honestidad histórica. No hay heroísmo en secuestrar magistrados para hacer un “juicio simbólico” que estaba siendo auspiciado por el narcotráfico. No hay heroísmo en ordenar tanques contra una sede judicial llena de rehenes. No hay heroísmo en desaparecer personas y negar su paradero durante décadas. No hay heroísmo en los discursos posteriores que intentaron acomodar los hechos a intereses partidistas.

Sin embargo, lo que duele hoy, cuatro  décadas después, es que todavía hay quienes buscan reinterpretar la tragedia, no para sanar, sino para justificarla. Y en ese aspecto, resulta especialmente doloroso que desde la Presidencia de la República se exalten los hechos del M-19 como si hubieran sido parte de una causa noble, como si la toma del Palacio hubiese sido una expresión de valentía y no lo que realmente fue: un acto armado cobarde que desencadenó muerte y profundo dolor.

No se puede intentar reconstruir la memoria histórica del país glorificando la violencia; sobre todo cuando esa violencia tuvo como víctimas a personas cuya única “culpa” fue estar en su lugar de trabajo y en el día equivocado.

Tampoco se puede avanzar si se sigue negando la responsabilidad estatal en la desaparición de personas que salieron vivas del Palacio, fueron detenidas por la fuerza pública y nunca regresaron. Reconocer esa verdad no debilita a las instituciones, todo lo contrario, las fortalece. Es el silencio, la negación y el cinismo lo que las corroe.

Colombia no sanará esta herida mientras siga existiendo quien aplauda la toma del palacio como hecho épico. Tampoco mientras existan quienes pretendan borrar la responsabilidad del Estado en su respuesta. La memoria es un trabajo de equilibrio, de humildad para aceptar que hubo errores gravísimos y crímenes desde todos los lados.

Ese día, con el edificio incendiado, no murió solo la Corte Suprema. Murió una parte de la confianza en que la justicia puede protegernos. Murió la idea de que la fuerza se usa para salvar vidas y no para desaparecerlas. Murió la ilusión de que la política podía cambiar las cosas sin convertir al país en un campo de batalla.

En ese noviembre de 1985 no hubo héroes, solo víctimas; y mientras el país siga intentando convertir la violencia en epopeyas, la herida seguirá abierta.