En Ibagué la palabra empréstito se ha vuelto más frecuente que de costumbre. La administración municipal había gestionado créditos por $150.000 millones, ayer le fueron aprobados por el Concejo Municipal otros $40.000 millones y, aunque algunos recursos no se han ejecutado–como los $28.000 millones que decidieron no usar para el puente de la calle 60 –, la proyección de la deuda pública de la ciudad podría superar los $315.000 millones en este periodo.

Hasta aquí, el debate podría justificarse en la necesidad de obras viales, vivienda, escenarios deportivos y actualización catastral. Sin embargo, el verdadero cuestionamiento no es si necesitamos vías o infraestructura, eso nadie lo duda, sino por qué la administración insiste en endeudarse más cuando aún no ejecuta lo que ya tiene aprobado.

La situación es ilógica; la ciudad paga intereses, asume compromisos a diez años, pero las obras prometidas siguen en planos o en anuncios de prensa. El empréstito de $150.000 millones, aprobado con bombos y platillos, todavía no se traduce en obras concretas. Mientras tanto, la administración anuncia un nuevo crédito de $40.000 millones, como si administrar se tratara de tener una chequera abierta sin límites ni responsabilidades.

A esto se suma un factor muy importante, la capacidad de recaudo de la ciudad. En 2024, la Alcaldía recaudó más de $240.000 millones en impuestos, para 2025 proyectó el doble. Con semejante flujo tributario, la pregunta necesaria es: ¿por qué no priorizar con esos recursos y disminuir el endeudamiento, en lugar de hipotecar a la ciudad durante una década más?

El argumento de los defensores del empréstito suele ser que “sin deuda no hay inversión”. Pero esa frase es engañosa si recordamos que la deuda ya adquirida no se ejecuta con eficacia. De nada sirve endeudarse mucho más, cuando el dinero aprobado permanece quieto en las cuentas, o peor aún, cuando las obras que justificaron esos créditos ni siquiera arrancan.

La experiencia reciente con proyectos inconclusos – como el fallido puente de la calle 60 – genera la sensación de que Ibagué paga intereses por obras que no existentes. Una ciudadanía que ve crecer la deuda, pero no las soluciones termina desconfiada y con toda razón.

Ahora bien, estamos en tiempos de estrechez fiscal nacional y de crisis en la confianza política, seguir cargando de deuda a Ibagué sin resultados visibles es una apuesta riesgosa. Los créditos no son malos en sí mismos; lo irresponsable es convertirlos en anuncios vacíos que hipotecan el futuro de la ciudad.

Ibagué no puede resignarse a ser una ciudad que acumula deudas mientras se esperan soluciones que nunca llegan. La comunidad tiene el derecho y el deber de exigir transparencia, ejecución real y resultados verificables antes de que se apruebe un peso más en créditos.