Como la gran mayoría de los colombianos, celebro la finalización de una medida de hecho como lo fue el cierre de las principales vías del Tolima, consecuencia del paro arrocero. Esta protesta nos deja varias enseñanzas y, como es habitual en esta columna, en la que durante los últimos meses he venido relatándoles esta situación creciente, hoy quiero destacar lo que ocurrió durante los quince días que mantuvieron al departamento funcionando a media marcha. Con el fin del paro, espero que las partes involucradas mantengan el compromiso de avanzar hacia un sector más productivo y sostenible.

En la mesa de negociación se acordaron siete puntos clave. La medida principal, aunque inmediata, no ataca la raíz del problema: el gobierno nacional fijó el precio mínimo para la carga de arroz paddy verde en $198.686, un valor que será cubierto a través de subsidios a la compra y el almacenamiento. Sin embargo, esta solución podría derivar en un aumento del precio al consumidor final, y existe el riesgo de que muchos de estos recursos terminen beneficiando a especuladores del grano, a quienes ambas partes señalan como responsables de la crisis actual del sector.

No se trata aquí de repartir culpas ni de convertir el problema del arroz en una cacería de brujas. Lo verdaderamente importante, a mi juicio, está en los puntos 2, 4 y 6 del acuerdo. El segundo plantea una defensa comercial del grano, para que las importaciones de arroz solo se realicen cuando haya un desabastecimiento real en el país. El cuarto punto recoge una queja generalizada sobre la tasa de uso de agua, un impuesto que, según los productores, encarece aún más los costos sin que se vea reflejado en mejoras a los caudales de los distritos de riego ni en proyectos que fortalezcan las fuentes hídricas. Finalmente, el punto seis responde a una de las exigencias más fuertes del gremio arrocero: el control fiscal, aduanero y policivo a molinos, fronteras y centros de acopio, con el objetivo de frenar el contrabando de arroz que lleva años afectando al sector.

En conclusión, aunque el paro también fue utilizado como plataforma para pronunciamientos políticos e ideológicos, no se puede seguir jugando con el funcionamiento de un sector que representa la segunda cadena productiva más importante del departamento y que viene arrastrando problemas desde hace tiempo. Considero que es urgente impulsar estrategias para mejorar la infraestructura de almacenamiento y secado del arroz en todo el país, y romper así con la estacionalidad de las cosechas, que hace que todos corten y vendan al mismo tiempo, provocando, como es lógico, la caída del precio.

También es necesario que los propios arroceros asuman el compromiso de implementar tecnologías que hagan más eficiente la producción, así como de acceder a apalancamientos financieros que permitan a los empresarios del campo mantener el suministro del grano durante buena parte del año.

Para cerrar este tema, mi deseo es uno solo: que lo acordado se cumpla. No podemos seguir viendo cómo cada cosecha paraliza al Tolima. Es desgastante para todos que cada seis meses los tolimenses quedemos bloqueados por el mal manejo del sector agropecuario o por la falta de políticas que lo impulsen. Estoy convencido de que, con un control riguroso al contrabando, los arroceros podrán vender mejor, y eso será una ganancia para todo el país.