Por posibles irregularidades en la celebración de un contrato, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a los señores Alfonso Carrero López, exgerente de la Gestora Urbana de Ibagué; Alfonso Monroy Carrillo, exjefe de proceso de Gestión Jurídica; Diana Carolina Perea Cadavid, exjefe de proceso de Vivienda y Proyectos Especiales y Antonio Guzmán Romero, profesional universitario de la Oficina de Vivienda y Proyectos Especiales de la misma entidad.

Los hechos se relacionan con la celebración del contrato 175 de septiembre 7 de 2009 para ejecutar el proyecto denominado “Mejoramiento, renovación y modernización de la calle 10 entre carreras 2 y 5 del sector céntrico de la ciudad de Ibagué”, por valor de $ 1.335’669.789.

La Procuraduría Provincial Ibagué consideró que a partir del análisis de las pruebas recaudadas,  al parecer, los investigados desde el ámbito de sus  competencias omitieron adelantar el proceso de licitación pública para escoger al contratista y por el contrario procedieron a adelantar la contratación directa por ejecución de administración delegada.

El Ministerio Publico explicó que la Gestora Urbana de Ibagué, como entidad descentralizada del orden municipal, no se encuentra entre las excepciones consagrada en el artículo 14 de la ley 1150 que modificó el Estatuto de Contratación.

Al revisar las actividades descritas en los estatutos de la mencionada empresa descentralizada se advierte que no compite con el sector privado o internacional y no desarrolla su objeto social en mercados monopolísticos o regulados, por lo tanto le es aplicable en su integridad el Estatuto de Contratación y sus decretos reglamentarios.